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El desafío de dejar atrás una precaria administración y contar con una institucionalidad fortalecida

Reportaje de Revista Bosque Nativo nº58.

La creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a través de un proyecto de ley, tiene encendido el debate. Si bien la propuesta es considerada como un factor gravitante para mejorar y actualizar la institucionalidad ambiental en Chile, no se estaría haciendo cargo del objetivo para el cual fue planteado: afrontar las graves deficiencias que tiene el Estado para gestionar la biodiversidad del país.

En este aspecto, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) y un extenso grupo de organizaciones han planteado públicamente sus discrepancias al proyecto de ley. En particular, la AIFBN asegura que una eventual promulgación de la iniciativa generaría un “grave detrimento para el régimen de protección de los Parques Nacionales del país”.

Considerado como parte de los 50 compromisos de los primeros 100 días de Gobierno de la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet, ingresó un proyecto de ley al Congreso a través del Senado el 18 de junio de 2014. En noviembre del año pasado, se reitera con cambios y observaciones, frente a lo cual rápidamente la AIFBN aseguraba que incurre en una derogación parcial tácita de la ‘Convención de Washington’ y en una derogación parcial explícita de la Ley de Bosques de 1931, “permitiendo en el futuro la desafectación o alteración de límites de nuestros Parques Nacionales mediante un decreto del Ministerio del Medio Ambiente, es decir por una mera acción administrativa del Ejecutivo”.

“Hoy, la integridad territorial de nuestros Parques Nacionales está protegida por Ley. Así lo establece el Tratado Internacional de 1940 denominado ‘Convención de Washington’ -suscrito por Chile- que reza expresamente que ‘los Parques Nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente’. Este Tratado no hace más que refrendar lo que nuestro país ya había establecido en la Ley de Bosques de 1931, es decir, que los Parques Nacionales no podrán ser destinados a otro objeto sino en virtud de una Ley”, manifestaba la AIFBN.

Este aspecto polémico fue blanco de tres indicaciones en su tramitación en el Senado, las que apuntan a que se respete los tratados internacionales. Sin embargo, recordó la AIFBN, las indicaciones sustitutivas presentadas por el Gobierno en noviembre pasado “hacen caso omiso de estas observaciones y mantienen la postura de rebajar el estatus jurídico de protección de los parques nacionales”.

En el mismo período, un grupo de organizaciones como Fundación Terram, Greenpeace Chile, Ecosistemas, Observatorio Ciudadano, CODEFF, Agrupación Biósfera y la Federación de Sindicatos de CONAF, entre otros, consideraron mediante una declaración que “ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar significativamente el proyecto de ley, que éste sea retirado del proceso de tramitación del Senado”.

“Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en diciembre de 2016 sólo vienen a disminuir la calidad técnica del proyecto y desfavorecen la protección de áreas que resulta esencial proteger”, agregaban. Es más. Las organizaciones que suscribían tal declaración, recalcaban que: “ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar el proyecto de ley, consideramos imperativo que este proyecto sea retirado del proceso de tramitación en el Senado”.

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