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UN NUEVO MODELO FORESTAL, DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE CONTRIBUYA A LA SEGURIDAD NACIONAL

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Archivo AIFBN

Luis Astorga, Director Honorario AIFBN. Septiembre 2018

La gran publicidad que se ha dado al proyecto MAPA -ampliación de la planta de celulosa de Arauco- confirma los planteamientos de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) de avanzar en la propuesta de un nuevo Modelo Forestal para Chile, sobre la cual se ha estado trabajando desde fines del siglo pasado.

A comienzos del nuevo milenio, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) elaboró el Índice de Desarrollo Humano -ingreso, educación y salud- para todas las comunas de Chile. En aquella época nuestra lucha como Agrupación se orientaba principalmente a evitar que los bosques nativos se transformaran en plantaciones de pinos y eucaliptos. Pero el Índice mencionado, mostró que las comunas con extensas plantaciones en las regiones de Maule, Bío-Bío y Araucanía, tenían los valores más bajos del país. Situación que se corrobora con la encuesta CASEN de 2015, donde se  confirmó que en esas regiones se habían mantenido los ingresos más bajos de Chile, a pesar de la inmensa riqueza que se había creado con las plantaciones forestales. Coincidentemente con esa situación de pobreza, en la década de los años 90 las comunidades campesinas e indígenas manifestaban un fuerte rechazo a las plantaciones forestales. Se reclamaba en contra de sus impactos negativos en la provisión de agua, biodiversidad, efecto en el paisaje de las grandes talas rasas, uso de agroquímicos, peligro de incendios forestales, cierre de escuelas y emigración obligada a los pueblos.

Mientras tanto, el bosque nativo continuaba su proceso destructivo y de paulatina degradación – a menor escala es efectivo – pero desapareciendo poco a poco. Los Parques Nacionales y Reservas del Estado (SNASPE) se libraban de ello gracias a la excelente labor de CONAF.

El modelo forestal basado en las plantaciones – iniciado en 1974 en la dictadura y  logrado grandes éxitos macroeconómicos en producción de celulosa y exportaciones – no había sido capaz de tener impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades locales. Todo lo contrario. Se modificó la estructura rural de las regiones mencionadas, obligando a muchos pequeños agricultores a emigrar a los pueblos. La gran riqueza de las plantaciones tuvo escaso impacto en la mejoría de ingresos de las comunidades locales. Solo enriqueció a las grandes empresas.

Este análisis  nos abrió el espacio para plantear la necesidad de un nuevo modelo forestal,  cuyos ejes esenciales publicamos en un libro en 2010 (adjunto). La propuesta tuvo escasa acogida aquellos años, porque se suponía que la Certificación FSC podía resolver los impactos ambientales y sociales negativos de las plantaciones. A su vez, los medios de comunicación y las grandes empresas se encargaron de insistir en el éxito del modelo forestal.

Sin embargo, la agudización del problema de escasez de agua, que obligó a las municipalidades de las zonas de plantaciones a gastar miles de millones de pesos en la distribución de agua a la población rural, el recrudecimiento del conflicto generado por la instalación de grandes empresas forestales en la Araucanía y  últimamente, los inmensos y devastadores incendios forestales del verano pasado, nos demostraron la vigencia y necesidad de un Nuevo Modelo Forestal. Estos problemas trascienden lo económico, ambiental o técnico transformándose en un problema de Seguridad Nacional por la urgencia de resolver amenazas a la población por falta de agua, de seguridad alimentaria, de atropello a la cultura indígena, y su lucha por la tierra, y de proteger las comunidades rurales de los incendios forestales.

Ante este escenario, la AIFBN ha reunido a un grupo de 26 profesionales de diversas especialidades, quienes a partir de noviembre del año 2017 estamos trabajando en 14 temas para dar forma a la propuesta del Nuevo Modelo Forestal. Los aspectos esenciales de ella no desconocen los avances en los documentos de política forestal y plantaciones del Consejo de Política Forestal porque hemos participado en ellos. Pero es un paso adelante y se fundamenta en el hecho que el mercado, cuyo rol no se desconoce,  no ha tenido ni tiene la capacidad de generar ajustes en un sector como el forestal en que las decisiones se toman a mediano y largo plazo afectando el medioambiente y la vida de las futuras generaciones. Las dos “leyes” forestales más importantes en el sector han sido “decretos leyes” promulgados por dictaduras, primero en 1931 durante la dictadura de Ibáñez y luego en 1974, por Pinochet. El proyecto de ley forestal que presentó el gobierno de Frei Montalva (1966) duerme en el Congreso y la actual ley de Bosque Nativo demoró 16 años en ser promulgada y tuvo tantos cambios que no se han dado los resultados esperados. En general, la clase política chilena solo piensa en períodos cortos, en la próxima elección.

Un nuevo modelo forestal exige que el Estado chileno (ejecutivo, legislativo y judicial) se involucre a fondo en decisiones de corto y largo plazo que afectan a chilenas y chilenos.

La propuesta está en proceso y esperamos entregarla al país en el primer semestre de 2019.

Luis Astorga Schneider, Director Honorario, AIFBN


Servicio Nacional Forestal: La anunciada institución preventiva que sigue pendiente a sólo cuatro meses del verano

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“El Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, afirmó Carmen Castro, geógrafa de la Universidad de Chile, quien advierte que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deberían estar orientadas en función de esta realidad.

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Fue el verano de 2017 cuando Chile enfrentó, en paralelo, múltiples incendios forestales a lo largo del país, hechos que terminaron con más de 570 mil hectáreas consumidas por el fuego, según cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Durante la temporada de incendios 2016 – 2017, excluyendo Tarapacá y Antofagasta, todas las regiones del país enfrentaron este tipo de incendios, siendo las más afectadas la región del Maule con 631 incendios, Biobío con 1951 y la Araucanía con 753.

El daño no solo se remitió al medio ambiente con las miles de hectáreas quemadas, sino que también hubo diez víctimas fatales producto de los diversos focos incendiarios. Además, de forma indirecta fallecieron cuatro personas, y la localidad de Santa Olga en la Región del Maule fue consumida completamente por el fuego.

La gran emergencia ambiental provocó que Conaf y el gobierno desplegaran todos sus esfuerzos para contener la emergencia, teniendo que recurrir incluso a ayuda internacional para poder combatir estos focos.

Fue precisamente a partir de estos masivos y destructivos hechos que, a fines de enero de 2017, el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre anunció que se crearía el Servicio Nacional Forestal para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

Sin embargo, a más de un año y medio de estos incendios y del anuncio del entonces gobierno de Michelle Bachelet, el Servicio Nacional Forestal está lejos de concretarse, algo que, para Sergio Donoso, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, debe resolverse antes del próximo verano.

Según indicó Donoso, el nuevo servicio se hará cargo de competencias que hoy no tiene Conaf, como por ejemplo resolver lo que refiere a la cercanía de bosques y sectores poblados: “Estéticamente esta situación es linda, pero quién se hace responsable del riesgo inminente que esto presenta, y desde esa perspectiva hay una mejora en el cuerpo legal con el Servicio”.

Además, el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el bosque nativo, señaló que las condiciones actuales de sequía más las proyecciones de temperaturas para el verano de 2019 son las mismas que se dieron hace dos años, por lo que es probable que, si no se toman las medidas correspondientes, como la aprobación del Servicio, el escenario se repita.

En esa línea indicó que debe ser el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se haga cargo de esta situación para que la nueva institución se concrete lo antes posible: “El ministro debe agilizar el proceso para que después en el verano no digan “esto fue imposible de resolver”. Aún hay tiempo para dar mejores herramientas para enfrentar un escenario que posiblemente va ser complejo el próximo verano”, explicó Sergio Donoso.

El principal objetivo de este nuevo organismo público es normar y prevenir las construcciones en zonas de riesgo, ya que la cercanía entre lugares urbanos y bosques aumenta la probabilidad de daños a la hora de incendios forestales. Además, su creación convierte a la institución forestal en algo plenamente dependiente del estado y sus recursos, a diferencia de Conaf que es una corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, sin tener la calidad de servicio estatal.

Si bien la conformación de esta institución ya fue aprobada en las Comisiones de Medio Ambiente y Agricultura en la Cámara de Diputados a inicios de este año, ahora se encuentra entrampada en el mismo trámite dentro del Senado.

La senadora DC Ximena Rincón, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, explicó el proceso legislativo que enfrenta este proyecto y señaló que no ha sido revisado ni ha tenido avances porque los miembros de la comisión están a la espera de que el gobierno determine como quiere proseguir con la iniciativa.

“Nosotros tenemos claridad de que no queremos que el Servicio quede en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que no significa que las materias de regulación tengan que estar en el medio ambiente, pero el Servicio como tal tiene que estar en Agricultura”, explicó la parlamentaria, añadiendo que el escenario que se de en el próximo verano dependerá de cómo se utilicen los recursos destinados a este tipo de hechos.

Por su parte, la geógrafa de la Universidad de Chile Carmen Castro explicó que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deben estar orientadas en función de esta realidad. Sin embargo, aclaró que durante el último tiempo las autoridades han puesto el foco solo en mejorar lo que refiere a los sismos, despreocupándose de otras catástrofes o situaciones peligrosas.

“Hemos dejado de lado los riesgos de tsunami de aluviones de inundaciones de incendios forestales y con el cambio climático las condiciones han cambiado y ahora tenemos que enfocarnos en ese tipo de desastres”, explicó.

Además, la experta en Prevención, Planificación y Emergencia de Desastres dijo que “el Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, por lo que la aprobación del Servicio Nacional Forestal será clave para enfrentar los incendios forestales con más recursos y personal.

Al ser, por el momento, Conaf la encargada de prepararse para enfrentar posibles incendios, el organismo ya ha comenzado a equiparse con diferentes indumentarias que permitan prevenir o controlar este tipo de hechos.

En ese contexto, fue que el pasado jueves se confirmó que contarán con 40 aeronaves y 222 brigadas para la temporada de incendios, a pesar del déficit económico que han enfrentado en los últimos meses.  Ya se cuenta con 32 vehículos aéreos licitados para este programa, y se han realizado nexos con empresas especializadas en incendios de Estados Unidos y Europa, a las que deberían sumarse durante los próximos meses equipos de Argentina y Brasil, las que se encargarán del apoyo terrestre.

Fuente: Diario y Radio Universidad de Chile


LAS COMPETENCIAS DEL NUEVO SERVICIO NACIONAL FORESTAL

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En entrevista con Patricio López, para el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el Presidente de AIFBN se refirió a la urgencia de crear el nuevo Servicio Nacional Forestal. Además de hacer un análisis producto de la sequía que afecta a la zona centro del país y que proyectaría una nueva temporada de incendios.

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Este viernes, el Presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso, en entrevista para el informativo matutino de la Radio Universidad de Chile, habló sobre la urgencia de empezar a legislar sobre el nuevo Servicio Nacional Forestal argumentando que tras la promulgación de la Ley de Bosque Nativo, hace 10 años atrás, el Tribunal Constitucional advirtió que sería la última vez que se dictaría una ley “dándole competencias a una corporación de derecho privado. Que era fundamental cambiar el estatus jurídico de la CONAF”. Esto en el contexto que la actual institución recibe recursos públicos y administra dicha ley.

En este sentido, Donoso reafirmó que el nuevo Servicio Nacional Forestal, “sí se hace cargo de competencias que hoy CONAF no tiene”, y que tiene que ver con “cómo se resuelven” ciertas situaciones. Por ejemplo uno de los casos que se planteó durante la entrevista fue el tema de la construcción de ciudades cerca de los bosques o si “los bosques entran en la ciudad. Que desde el punto de vista estético podría ser muy interesante, pero cuando está declarado el incendio la verdad es quién se hace responsable del riesgo inminente que estaba asociado a esta situación. Claramente hay una mejora en el cuerpo legal que actualmente está en el parlamento”.

TEMPORADA DE INCENDIOS

Otro punto que desarrolló el Presidente de la Agrupación en la entrevista con Patricio López, es la proyección del sector forestal ante una posible nueva temporada de incendios. En este sentido Donoso dijo que “lamentablemente la sequía volvió”, por lo que “durante lo que resta del año estaríamos nuevamente bajo una condición de restricción hídrica”.

En este sentido, para el presidente de AIFBN, “la industria está sensibilizada, porque claramente lo han planteado representantes, el que se te incendien los bosques no es negocio para ellos”. ” Y por qué  es tan fácil sacar esta conclusión, porque dejan sin abastecimiento a la industria. Aquí hay que pensar que las grandes inversiones, como fue la anunciada inversión del proyecto MAPA (Arauco) son muy intensivas en capital. Entonces tener una industria con déficit de abastecimiento no es negocio. Desde esa perspectiva hay claramente una sensibilización respecto a este tema. Ahora, aquí el problema tiene dimensiones que tocan a distintos actores y hace unos pocos días salió un artículo científico donde corrobora que uno de los factores más allá de la sequía que estaba presente en la zona centro-sur de Chile, cuando ocurrió el mega incendio, es la continuidad de combustibles asociado a plantaciones, principalmente de pino y eucalipto. ¿Cómo se resuelve eso?  Vamos a necesitar bastantes años. Lo primero, es de qué forma protegemos los centros poblados, de qué forma protegemos las ciudades. Precisamente en el proyecto de Ley del Servicio Nacional Forestal se tiende a esa regularización, de cómo esta interfaz en la ciudad se puede regular y se establecen mecanismos. Hoy por hoy eso está en las manos de la buena disposición de los propietarios de bosques que están en torno a las ciudades”.

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Audio gentileza Radio Universidad de Chile.


PARQUES NACIONALES: “miremos hacia el centro-norte”

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Parque Nacional Lauca

El 24 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales o Naturales. Este día se crea con el objetivo de enseñar y concientizar a la sociedad sobre la importancia de conservar la naturaleza para así evitar su desaparición. En este contexto, cuando hablamos de naturaleza, podemos decir que Chile es un país privilegiado en lo que puede ofrecer. A nivel internacional, Chile es reconocido por su exuberante riqueza en biodiversidad, la que se encuentra distribuida en una gran variedad de ambientes a lo largo del territorio nacional. Además de presentar gran presencia de especies endémicas (es decir, solo están en Chile), muchos de estos ambientes tienen dinámicas naturales únicas en el mundo, las que se han mantenido por siglos a pesar de la intervención humana. Con la incorporación de los parques nacionales Pumalín Douglas Tompkins y Melimoyu, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) cuenta con más de 15 millones de hectáreas, lo que equivale al 20% de la superficie continental del territorio nacional.

A pesar de lo impresionante que puedan parecer estas cifras, la realidad es que Chile aún está en deuda con la conservación de sus ecosistemas, en especial en la zona centro y zona norte del país. Actualmente, hay más de 4 millones de hectáreas de bosques y formaciones xerofíticas catalogadas en las categorías “en peligro” y en “peligro crítico”, las que además cuentan con un bajo grado de protección. Dentro de estos ecosistemas mediterráneos y áridos amenazados, destaca el bosque y matorral esclerófilo. A nivel mundial, el bosque y matorral esclerófilo es catalogado como un hotspots, es decir, una de las zonas del planeta donde un ecosistema concentra una alta biodiversidad y endemismo. En zonas mediterráneas y áridas, los bosques y formaciones xerofíticas son responsables de proveer valiosos servicios ecosistémicos, como la provisión de agua, captura de dióxido de carbono (CO2), mitigación de la contaminación, protección de suelos, biodiversidad, alimento, medicina, valor cultural y belleza escénica, entre otros. Además, estos ecosistemas juegan un rol fundamental frente a escenarios complejos que amenazan nuestra seguridad y bienestar, como lo son el cambio climático y la desertificación.

En los últimos años, la devastación de ecosistemas mediterráneos y áridos de Chile se ha intensificado producto de incendios forestales y la falta de regulación en el uso del suelo, donde se ha reemplazado bosque y formaciones xerofíticas por plantaciones agrícolas, plantaciones forestales, terrenos para la ganadería, proyectos inmobiliarios, proyectos hidroeléctricos, proyectos fotovoltaicos, proyectos mineros y otros proyectos que se ingresan al cuestionado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta lamentable situación es el resultado de la frágil y permisiva institucionalidad ambiental del país, como también de la ausencia instrumentos que incentiven al manejo de estos ecosistemas, limitando su recuperación, aumentando su degradación y afectando la entrega de servicios ecosistémicos que favorecen a la población.

En este contexto, es urgente aumentar la representación de ecosistemas mediterráneos y áridos en el SNASPE, incrementando su protección para reducir el grado de amenaza. Por otro lado, es estrictamente necesario fortalecer al SNASPE, donde se debe exigir al Estado que los presupuestos otorgados para realizar labores de conservación estén en similitud con los de otros países de la OCDE. También es importante que el Estado proporcione instrumentos de carácter descentralizado que permitan enfrentar la fragmentación de estos ecosistemas y que incentiven al manejo restaurativo, para así reducir su degradación, mejorar su conectividad y fomentar su recuperación. Finalmente, para que la conservación de estos ecosistemas sea efectiva, la aislación con respecto al territorio no se debe considerar como alternativa, pues eso genera rechazo y sólo termina acrecentando conflictos sectoriales. La integración de comunidades es fundamental para el éxito de nuevos proyectos de conservación, donde su participación puede ser vital no sólo en la protección de ecosistemas, sino que también en la implementación de acciones frente a escenarios complejos e inciertos como el cambio climático y la desertificación.

Pablo Parra Soto

Ing.Forestal U. de Chile

Coordinador Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN)






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