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AIFBN SOSTIENE REUNIONES CON DIPUTADOS EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL

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Luis Astorga, Director Honorario y María José Ruiz-Esquide, Presidenta de la AIFBN, sostuvieron una serie de encuentros en el ex Congreso Nacional, para abordar la importancia de tener un Servicio Nacional Forestal público.

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Con la finalidad de acercar las líneas de trabajo que actualmente está desarrollando la AIFBN, es que este lunes 5 de noviembre a las 11 de la mañana, el Director Honorario de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Luis Astorga, se reunió con Amaro Labra, diputado del Partido Comunista e integrante de la Comisión Permanente de Medio Ambiente.

En la instancia, Astorga aprovechó para informar al diputado sobre el aporte de la AIFBN en la creación de la “Ley de Bosque Nativo” (Ley 20.284 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), además de la historia de la organización, sus proyectos y propuestas para la conservación de los bosques nativos durante los últimos 25 años.

A su vez, profundizaron en la necesidad de acelerar  la discusión para crear el Servicio Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Además, en la instancia se conversó sobre las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ante esto, se extendió una invitación para que la AIFBN asista a exponer en una de las sesiones de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

En la oportunidad, el Director Honorario le informó al diputado sobre el desarrollo de propuestas para un “Nuevo Modelo Forestal”,  trabajo que está en proceso y se espera finalizar en 2019.

Ese mismo día en la tarde, María José Ruiz-Esquide se reunió con Xavier Palominos, asesor de la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara, con quien abordó los mismos temas.

La presidenta de la AIFBN aprovechó la oportunidad para explicar la urgencia que existe de tener un Servicio Nacional Forestal público, con el que se espera “subir el nivel de este organismo y así diseñar políticas públicas para el desarrollo forestal y que no esté solamente supeditada a la demanda del mercado”. Además, hizo hincapié en la importancia de orientar y planificar el territorio con el fin de evitar tragedias como las ya vividas en 2017 tras los mega incendios que afectaron localidades habitadas por personas y que colindaban con plantaciones de monocultivo.

El próximo 19 de noviembre la AIFBN expondrá en la comisión de Agricultura del Senado.


Servicio Nacional Forestal: La anunciada institución preventiva que sigue pendiente a sólo cuatro meses del verano

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“El Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, afirmó Carmen Castro, geógrafa de la Universidad de Chile, quien advierte que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deberían estar orientadas en función de esta realidad.

reforestacion

Fue el verano de 2017 cuando Chile enfrentó, en paralelo, múltiples incendios forestales a lo largo del país, hechos que terminaron con más de 570 mil hectáreas consumidas por el fuego, según cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Durante la temporada de incendios 2016 – 2017, excluyendo Tarapacá y Antofagasta, todas las regiones del país enfrentaron este tipo de incendios, siendo las más afectadas la región del Maule con 631 incendios, Biobío con 1951 y la Araucanía con 753.

El daño no solo se remitió al medio ambiente con las miles de hectáreas quemadas, sino que también hubo diez víctimas fatales producto de los diversos focos incendiarios. Además, de forma indirecta fallecieron cuatro personas, y la localidad de Santa Olga en la Región del Maule fue consumida completamente por el fuego.

La gran emergencia ambiental provocó que Conaf y el gobierno desplegaran todos sus esfuerzos para contener la emergencia, teniendo que recurrir incluso a ayuda internacional para poder combatir estos focos.

Fue precisamente a partir de estos masivos y destructivos hechos que, a fines de enero de 2017, el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre anunció que se crearía el Servicio Nacional Forestal para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

Sin embargo, a más de un año y medio de estos incendios y del anuncio del entonces gobierno de Michelle Bachelet, el Servicio Nacional Forestal está lejos de concretarse, algo que, para Sergio Donoso, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, debe resolverse antes del próximo verano.

Según indicó Donoso, el nuevo servicio se hará cargo de competencias que hoy no tiene Conaf, como por ejemplo resolver lo que refiere a la cercanía de bosques y sectores poblados: “Estéticamente esta situación es linda, pero quién se hace responsable del riesgo inminente que esto presenta, y desde esa perspectiva hay una mejora en el cuerpo legal con el Servicio”.

Además, el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el bosque nativo, señaló que las condiciones actuales de sequía más las proyecciones de temperaturas para el verano de 2019 son las mismas que se dieron hace dos años, por lo que es probable que, si no se toman las medidas correspondientes, como la aprobación del Servicio, el escenario se repita.

En esa línea indicó que debe ser el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se haga cargo de esta situación para que la nueva institución se concrete lo antes posible: “El ministro debe agilizar el proceso para que después en el verano no digan “esto fue imposible de resolver”. Aún hay tiempo para dar mejores herramientas para enfrentar un escenario que posiblemente va ser complejo el próximo verano”, explicó Sergio Donoso.

El principal objetivo de este nuevo organismo público es normar y prevenir las construcciones en zonas de riesgo, ya que la cercanía entre lugares urbanos y bosques aumenta la probabilidad de daños a la hora de incendios forestales. Además, su creación convierte a la institución forestal en algo plenamente dependiente del estado y sus recursos, a diferencia de Conaf que es una corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, sin tener la calidad de servicio estatal.

Si bien la conformación de esta institución ya fue aprobada en las Comisiones de Medio Ambiente y Agricultura en la Cámara de Diputados a inicios de este año, ahora se encuentra entrampada en el mismo trámite dentro del Senado.

La senadora DC Ximena Rincón, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, explicó el proceso legislativo que enfrenta este proyecto y señaló que no ha sido revisado ni ha tenido avances porque los miembros de la comisión están a la espera de que el gobierno determine como quiere proseguir con la iniciativa.

“Nosotros tenemos claridad de que no queremos que el Servicio quede en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que no significa que las materias de regulación tengan que estar en el medio ambiente, pero el Servicio como tal tiene que estar en Agricultura”, explicó la parlamentaria, añadiendo que el escenario que se de en el próximo verano dependerá de cómo se utilicen los recursos destinados a este tipo de hechos.

Por su parte, la geógrafa de la Universidad de Chile Carmen Castro explicó que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deben estar orientadas en función de esta realidad. Sin embargo, aclaró que durante el último tiempo las autoridades han puesto el foco solo en mejorar lo que refiere a los sismos, despreocupándose de otras catástrofes o situaciones peligrosas.

“Hemos dejado de lado los riesgos de tsunami de aluviones de inundaciones de incendios forestales y con el cambio climático las condiciones han cambiado y ahora tenemos que enfocarnos en ese tipo de desastres”, explicó.

Además, la experta en Prevención, Planificación y Emergencia de Desastres dijo que “el Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, por lo que la aprobación del Servicio Nacional Forestal será clave para enfrentar los incendios forestales con más recursos y personal.

Al ser, por el momento, Conaf la encargada de prepararse para enfrentar posibles incendios, el organismo ya ha comenzado a equiparse con diferentes indumentarias que permitan prevenir o controlar este tipo de hechos.

En ese contexto, fue que el pasado jueves se confirmó que contarán con 40 aeronaves y 222 brigadas para la temporada de incendios, a pesar del déficit económico que han enfrentado en los últimos meses.  Ya se cuenta con 32 vehículos aéreos licitados para este programa, y se han realizado nexos con empresas especializadas en incendios de Estados Unidos y Europa, a las que deberían sumarse durante los próximos meses equipos de Argentina y Brasil, las que se encargarán del apoyo terrestre.

Fuente: Diario y Radio Universidad de Chile


Parques Nacionales en la mira

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Publicado en El Ciudadano

 

CONAF

El anunciado traspaso de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) al Ministerio del Medio Ambiente tiene implicancias más profundas que un mero cambio de radicación administrativa. Lo que está en la mira gubernamental es la privatización de las funciones del Estado en la gestión del SNASPE. Un análisis somero del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en ese Ministerio, demuestra que en 15 de sus artículos el único objetivo es promover las concesiones de parques nacionales a privados, siendo uno de los aspectos más desarrollados de este controvertido proyecto de ley.Bos

La vigencia del compromiso con ese objetivo ha quedado de manifiesto con la reciente concesión territorial de Parque Nacional Radal 7 Tazas en la Región del Maule. Es la primera vez que el Ministerio de Bienes Nacionales gestiona una concesión en un área del SNASPE, basándose en las potestades que le otorga la Ley de Turismo del año 2010 y es la primera vez que en un Parque Nacional se concesiona TERRITORIO propiamente tal, que incluye recursos naturales prioritarios de conservación como bosques, poblaciones de fauna nativa y cuerpos de agua, y por períodos de tiempo que van de los 10 a los 25 años. Hasta ahora, en virtud de la Ley de Bosques del año 1925, CONAF sólo había concesionado servicios tales como alojamiento, alimentación, transporte o actividades deportivas al aire libre, sin comprometer territorio de parques nacionales, salvo superficies muy acotadas directamente relacionadas con el servicio concesionado y que no contenían valores significativos de conservación.

Chile ocupa uno de los últimos lugares de Latinoamérica en presupuesto público destinado a la gestión de parques nacionales, con apenas 1 US$ por hectárea de territorio protegido, y aun así CONAF ha realizado una labor que es reconocida a nivel internacional. Sólo como ejemplo, citamos el caso del Servicio de Parques de Canadá que logra un autofinanciamiento del orden del 18%. En Chile CONAF consigue un 45% de autofinanciamiento en la operación de los parques nacionales del país. Al parecer, esto no es relevante para el nuevo Director Ejecutivo de CONAF quien ha comenzado su mandato con declaraciones que ponen el énfasis en supuestos malos manejos financieros y administrativos. Los chilenos ya sabemos que la mejor estrategia para privatizar un servicio del Estado es desprestigiándolo, estrangularlo hasta que su desempeño e imagen pública sea tan mediocre que la ciudadanía termine pidiendo a gritos su privatización. Pero, ¿Cuán beneficiada termina siendo la ciudadanía con la privatización de las funciones del Estado?  Una pregunta que a estas alturas es mejor responderla con ejemplos más que con argumentos.

¡CHILENAS Y CHILENOS DEFENDAMOS NUESTROS PARQUES NACIONALES!

Directorio AIFBN.

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