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Servicio Nacional Forestal: La anunciada institución preventiva que sigue pendiente a sólo cuatro meses del verano

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“El Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, afirmó Carmen Castro, geógrafa de la Universidad de Chile, quien advierte que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deberían estar orientadas en función de esta realidad.

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Fue el verano de 2017 cuando Chile enfrentó, en paralelo, múltiples incendios forestales a lo largo del país, hechos que terminaron con más de 570 mil hectáreas consumidas por el fuego, según cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Durante la temporada de incendios 2016 – 2017, excluyendo Tarapacá y Antofagasta, todas las regiones del país enfrentaron este tipo de incendios, siendo las más afectadas la región del Maule con 631 incendios, Biobío con 1951 y la Araucanía con 753.

El daño no solo se remitió al medio ambiente con las miles de hectáreas quemadas, sino que también hubo diez víctimas fatales producto de los diversos focos incendiarios. Además, de forma indirecta fallecieron cuatro personas, y la localidad de Santa Olga en la Región del Maule fue consumida completamente por el fuego.

La gran emergencia ambiental provocó que Conaf y el gobierno desplegaran todos sus esfuerzos para contener la emergencia, teniendo que recurrir incluso a ayuda internacional para poder combatir estos focos.

Fue precisamente a partir de estos masivos y destructivos hechos que, a fines de enero de 2017, el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre anunció que se crearía el Servicio Nacional Forestal para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

Sin embargo, a más de un año y medio de estos incendios y del anuncio del entonces gobierno de Michelle Bachelet, el Servicio Nacional Forestal está lejos de concretarse, algo que, para Sergio Donoso, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, debe resolverse antes del próximo verano.

Según indicó Donoso, el nuevo servicio se hará cargo de competencias que hoy no tiene Conaf, como por ejemplo resolver lo que refiere a la cercanía de bosques y sectores poblados: “Estéticamente esta situación es linda, pero quién se hace responsable del riesgo inminente que esto presenta, y desde esa perspectiva hay una mejora en el cuerpo legal con el Servicio”.

Además, el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el bosque nativo, señaló que las condiciones actuales de sequía más las proyecciones de temperaturas para el verano de 2019 son las mismas que se dieron hace dos años, por lo que es probable que, si no se toman las medidas correspondientes, como la aprobación del Servicio, el escenario se repita.

En esa línea indicó que debe ser el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se haga cargo de esta situación para que la nueva institución se concrete lo antes posible: “El ministro debe agilizar el proceso para que después en el verano no digan “esto fue imposible de resolver”. Aún hay tiempo para dar mejores herramientas para enfrentar un escenario que posiblemente va ser complejo el próximo verano”, explicó Sergio Donoso.

El principal objetivo de este nuevo organismo público es normar y prevenir las construcciones en zonas de riesgo, ya que la cercanía entre lugares urbanos y bosques aumenta la probabilidad de daños a la hora de incendios forestales. Además, su creación convierte a la institución forestal en algo plenamente dependiente del estado y sus recursos, a diferencia de Conaf que es una corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, sin tener la calidad de servicio estatal.

Si bien la conformación de esta institución ya fue aprobada en las Comisiones de Medio Ambiente y Agricultura en la Cámara de Diputados a inicios de este año, ahora se encuentra entrampada en el mismo trámite dentro del Senado.

La senadora DC Ximena Rincón, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, explicó el proceso legislativo que enfrenta este proyecto y señaló que no ha sido revisado ni ha tenido avances porque los miembros de la comisión están a la espera de que el gobierno determine como quiere proseguir con la iniciativa.

“Nosotros tenemos claridad de que no queremos que el Servicio quede en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que no significa que las materias de regulación tengan que estar en el medio ambiente, pero el Servicio como tal tiene que estar en Agricultura”, explicó la parlamentaria, añadiendo que el escenario que se de en el próximo verano dependerá de cómo se utilicen los recursos destinados a este tipo de hechos.

Por su parte, la geógrafa de la Universidad de Chile Carmen Castro explicó que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deben estar orientadas en función de esta realidad. Sin embargo, aclaró que durante el último tiempo las autoridades han puesto el foco solo en mejorar lo que refiere a los sismos, despreocupándose de otras catástrofes o situaciones peligrosas.

“Hemos dejado de lado los riesgos de tsunami de aluviones de inundaciones de incendios forestales y con el cambio climático las condiciones han cambiado y ahora tenemos que enfocarnos en ese tipo de desastres”, explicó.

Además, la experta en Prevención, Planificación y Emergencia de Desastres dijo que “el Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, por lo que la aprobación del Servicio Nacional Forestal será clave para enfrentar los incendios forestales con más recursos y personal.

Al ser, por el momento, Conaf la encargada de prepararse para enfrentar posibles incendios, el organismo ya ha comenzado a equiparse con diferentes indumentarias que permitan prevenir o controlar este tipo de hechos.

En ese contexto, fue que el pasado jueves se confirmó que contarán con 40 aeronaves y 222 brigadas para la temporada de incendios, a pesar del déficit económico que han enfrentado en los últimos meses.  Ya se cuenta con 32 vehículos aéreos licitados para este programa, y se han realizado nexos con empresas especializadas en incendios de Estados Unidos y Europa, a las que deberían sumarse durante los próximos meses equipos de Argentina y Brasil, las que se encargarán del apoyo terrestre.

Fuente: Diario y Radio Universidad de Chile


SELLO FSC-CHILE: LAS FALLAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL

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En los últimos 20 años la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) ha tenido un rol activo y participativo en la creación de ICEFI-FSC Chile, ocupando su presidencia por dos períodos y electo en su Directorio Internacional. La AIFBN, que ejerció liderazgo en la cámara social (nacional e internacional), decidió este año renunciar al sistema de certificación por una serie de inconsistencias en su aplicación. Conflictos de interés y problemas con los pueblos originarios son sólo una parte de esta decisión.

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A comienzo de los años 90 y por iniciativa de grandes grupos ambientalistas, empresas forestales, organizaciones de trabajadores y pueblos indígenas, surge una organización que otorga un sello de certificación forestal. Así, en 1993 la Forest Stewardship Council (FSC), nace como una respuesta ante las demandas ambientales y sociales que se estaban levantando. Su misión, desde el principio, fue promover la gestión ambiental apropiada, aportando beneficios sociales y económicos a partir del establecimiento y uso responsable de los bosques y plantaciones del mundo.  Para cumplir esta misión, el FSC definió un conjunto de estándares ambientales, sociales y económicos. Esto se traduce en que a todo aquel que cumple con dichas condiciones en la gestión de sus bosques, se le otorga un sello que acompaña al producto forestal como un mensaje de sustentabilidad. Así, el consumidor puede reconocer y entender que el artículo que está adquiriendo tiene un buen origen y un proceso de “fiscalización”.

Bajo todo este contexto, y en paralelo a la creación de FSC, aparece en escena la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), una organización sin fines de lucro que se crea con la intención de cambiar el paradigma del sector forestal chileno, donde el crecimiento de la industria forestal basada en monocultivos estaba en continuo crecimiento (impulsada fuertemente por el DL N°701 promulgado en 1974), a diferencia de lo que ocurría en el bosque nativo, donde se mantenía una alta tasa de destrucción y degradación debido a la tala ilegal, sustitución y ausencia de instrumentos que fomentaran su manejo.

Es así como una vez conocidos los principios del FSC y de su voluntad de no certificar plantaciones en terrenos forestales de bosques nativos sustituidos, es que la AIFBN se suma como uno de los primeros miembros internacionales (el número 14).

Los socios inscritos en el sistema de certificación podían elegir ser parte de una de sus tres cámaras: Económica, Ambiental y Social; es en esta última que la Agrupación decide participar.

NACE ICEFI/FSC-CHILE

En Chile, y en este camino de la sustentabilidad, el Comité pro Fauna y Flora (CODEFF), comenzó a invitar a organizaciones sociales, ambientales y empresas para formar parte de esta iniciativa internacional. Fue así que en 1997, y aprovechando la visita del Director de FSC Timothy Sinnot,  se comienza a trabajar en un proyecto que termina en 1998 con la formación de la Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente, AG (ICEFI), donde la AIFBN fue miembro fundador y activo colaborador. Para esto, en lo primero que se trabajó fue en el desarrollo de los Estándares Chilenos de Certificación FSC para bosque nativo y plantaciones, los que siguen vigentes hasta la actualidad.

Durante los primeros 10 años desde la entrada en vigencia del sello (2000 – 2010), la AIFBN, en su rol fiscalizador, pudo comprobar que la certificación tuvo un impacto positivo, aunque “insuficiente” en el sector forestal chileno. Esto permitió visibilizar con claridad que al interior de los ecosistemas forestales no solo hay árboles, madera, máquinas y dinero, sino que hay biodiversidad, agua, suelo y, en especial, diversos grupos de personas relacionadas directamente con la actividad forestal. En estos últimos se incluyen los trabajadores, las comunidades locales y los pueblos originarios. Lamentablemente son ellos los que han experimentado los impactos negativos de las operaciones forestales, especialmente de las plantaciones.

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EL DESBALANCE AL INTERIOR DE ICEFI/FSC-CHILE

A comienzos del 2011 la naturaleza de este instrumento regulador comenzó a cambiar. En primer lugar, hubo un notorio desbalance en las cámaras Social, Ambiental y Económica, donde la participación y la capacidad de acción de las primeras se vieron negativamente afectadas, situación que no ocurrió en la cámara Económica. Algunas de las fallas detectadas, que favorecieron esta situación fue la falta de recursos, ausencia de resultados concretos, complejidad del sistema, falta de especialización técnica, incompatibilidad por conflictos de interés y prioridades de cada entidad.

Esta situación ya había sido advertida por la AIFBN en 2010. Mediante una carta, la agrupación expresó cómo se estaba perdiendo la capacidad reguladora como instrumento de Manejo Forestal Sustentable, constatándose irregularidades desde la fiscalización del desempeño de la empresa hasta la llegada del producto a los mercados nacionales e internacionales.

Sin duda, este conjunto de acciones empezó a contradecir el objetivo del FSC. Se volvió recurrente a lo largo del proceso omitir consultas serias, bien planificadas e informadas a las comunidades locales, trabajadores o pueblos originarios. La AIFBN recalcó que, incluso, cuando hubo cierta participación, las respuestas a las demandas que se le realizaban no eran claras. En este sentido, se estaban vulnerando los Principios 4 y 6 de FSC, referentes a “Relaciones con la Comunidad” y “Medio Ambiente”.

CONFLICTOS DE INTERÉS

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Una de las irregularidades más notorias durante el proceso de certificación es el vínculo que existe entre las empresas forestales con las compañías que resguardan el compromiso del FSC, ya que son los mismos empresarios que pagan a empresas certificadoras para que este proceso se lleve a cabo. Este escenario, que ya había sido denunciado, se volvió a plantear durante el desarrollo de dos Asamblea Generales del FSC: 2011 (Kota Kinabalu, Malasia) y 2013 (Sevilla, España) donde se presentaron mociones para revisar los vínculos entre las empresas certificadoras y las forestales a quienes controlan. También se propuso, de forma urgente, la necesidad de entregar a las Oficinas Nacionales – como FSC-Chile – la posibilidad de involucrarse a fondo en la “calidad de la certificación”. Finalmente, las mociones no fueron aprobadas.

En cuanto al proceso de evaluación de las certificadoras, actualmente, ésta depende de ASI, organismo burocrático muy sobrecargado, con sede en Bonn. Son ellos los que deben revisar más de 25.000 certificados de Manejo Forestal y Cadena de Custodia en todo el mundo.

Para la AIFBN, la certificación de las grandes empresas forestales chilenas es calificada como “Certificación Light”, porque se aprueba y entrega el sello FSC a compañías que aún no están al nivel de cumplir cabalmente los estándares establecidos. Lamentablemente, esto parece no incomodar al FSC, porque sería una  forma de llegar a la meta del 20% del mercado de productos forestales al año 2020, que es uno de los objetivos de la estrategia del FSC.

EL ABANDONO DE FSC

Otro aspecto importante es que los bosques tropicales y subtropicales, que fueron la gran prioridad del FSC para evitar su destrucción y degradación, han sido abandonados por el sistema de certificación. En Chile, por otra parte, apenas el 2% de la superficie certificada corresponde a bosque nativo; el resto corresponde a plantaciones. Otro punto a destacar es que no hay certificación de pequeños propietarios en Bosque Nativo, lo que se replica en América Latina, África y Asia. Tampoco se aprecia una acción decidida de FSC para cambiar esta situación.

El dominio del mercado es de tal importancia que para la mayoría de los participantes de la última Asamblea General del FSC 2017 en Vancouver, no hubo duda en apoyar la herramienta de “Madera Controlada”, que en un momento fue una herramienta importante para entrar al mercado. Hoy implica que un porcentaje importante de las maderas del sistema FSC no tienen su origen en bosques certificados, sino que provienen de fuentes con una baja exigencia del punto de vista del cumplimiento de los estándares. Sorprende que no hay cifras que muestren en forma fehaciente la cantidad de madera controlada que se mueve en el sistema, factor que pone en duda la calidad de la certificación forestal. Además, la Moción 56 aprobada en Vancouver “elimina gradualmente el uso de las evaluaciones de riesgos elaboradas por empresas a partir del 1º de enero de 2019, un año después de lo originalmente propuesto”, según indica una nota publicada en la página de FSC con fecha en noviembre de 2017.  Esta situación es reconocida por todos los actores involucrados, ya que dicha moción se aprobó por la gran mayoría de los delegados, lo que muestra la pérdida de calidad del sistema.

CONFLICTO DE LAS EMPRESAS FORESTALES EN LA ARAUCANÍA

En Chile, el conflicto entre las grandes empresas forestales –certificadas con sello FSC– con el Pueblo Mapuche es “inaceptable”. La AIFBN cree que la Certificación FSC no se ha hecho cargo del problema ya que en esos territorios no se cumple el Principio 3 sobre los “derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras, territorios y recursos, los que deberán ser reconocidos y respetados”, según indica el estándar para la certificación de FSC de plantaciones forestales. Por ello que la validación de empresas que se desempeñan en territorios en conflicto a través del sello FSC, solo lo hace cómplice de una situación de injusticia que debería haber sido ya resuelta por el Estado de chileno.

Bajo esta dinámica, la gota que colma el vaso es la falta de ética de dos grandes empresas forestales certificadas: CMPC (Chile) y SCA (Suecia), en la colusión en los precios de los papeles Tissue. “No hubo sanciones por parte de FSC-Chile ni de FSC internacional como tampoco se aprobó en Vancouver la idea – presentada como moción con el apoyo de la AIFBN – que el sistema cuente con un Código de Ética, necesario para sancionar este tipo de conductas en toda organización sin fines de lucro”.

La falta de transparencia de FSC y nula voluntad de realizar cambios llevó a que el 28 de noviembre de 2017 el directorio de la AIFBN decidiera renunciar y cerrar su participación como miembro del FSC. Esta determinación fue largamente discutida por su membresía reunida en asamblea, y se materializó primero con su retiro a la iniciativa nacional a fines de 2017 y a FSC internacional en julio de 2018.






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