«Comunidades Mapuche Williche en San Juan de la Costa denuncian: “Las forestales nos matan en vida”»
Por Martina Paillacar Mutizábal, periodista Mapuexpress; y Dasten Julián Vejar, sociólogo
Publicado el 02 de junio de 2023 en Mapuexpress y en Le Monde Diplomatique Chile
Los devastadores efectos del modelo forestal
El modelo forestal en Chile se caracteriza por promover el uso extensivo de agua y suelos en las plantaciones forestales de pino y eucalipto, asimismo se basa en la precariedad laboral de sus trabajadores/as. Se enmarca en la intensificación del neoliberalismo y extractivismo, que ocasiona diversos daños y perjuicios a las comunidades locales, una de ellas la Mapuche Williche en el sector de Popoén, ubicada a 40 kilómetros de Osorno, en el sector sur de la comuna de San Juan de la Costa, región de Los Lagos, Fütawillimapu.
Estas se ven expuestas a la vulneración de sus derechos políticos, económicos, culturales, sociales y patrimoniales. Así, a raíz del modelo forestal, se ven constantemente amenazadas en el ejercicio de sus Derechos Humanos, entre ellos su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, su derecho a la salud o el derecho a participación, información y consulta previa, entre otros.
De la misma forma, se ven afectadas por la exclusión en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la administración territorial. La vulneración del derecho a la consulta, participación y decisión política sobre su territorio, naturaleza y entorno, refuerza el sentido de negación y de invisibilización de su autonomía y libre determinación, a la vez que evidencia una respuesta negligente y colonial por parte del Estado ante sus demandas y reivindicaciones. A su vez, el Estado sustenta y promueve el modelo forestal a través de políticas indiferentes a las problemáticas en los territorios.
Así, a pesar de que Chile ha suscrito una serie de tratados y convenios internacionales como el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú); el “Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales”; la “Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia”; y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”; se sigue promoviendo una política pública en favor del mercado-empresariado en detrimento de los derechos colectivos e individuales del Pueblo Mapuche Williche y la degradación irreparable del itrofil mongen.
Amenazas contra territorios, naturaleza y ecosistemas
El modelo forestal genera una serie de daños a los territorios, naturaleza, ecosistemas y biodiversidad, ampliamente documentados en textos como tales como “Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: devastación y conservación en un contexto de globalización económica” (2013), de Aylwin, Fuenzalida y Sánchez; “Chile necesita un nuevo modelo forestal” (2020) de Astorga y Burschel; y “Modelo forestal chileno y conflicto indígena” (2003) de Montalba y Carrasco, entre muchos otros.
Otros de los impactos en la Fütawillimapu son la pérdida y degradación territorial; la concentración de recursos; la sequía y contaminación de las fuentes de agua; la extracción y explotación de la naturaleza; la instalación de proyectos extractivos nacionales y transnacionales; la carencia de acceso a bienes naturales; la pérdida y destrucción de la biodiversidad y ecosistemas; el deterioro y extinción de humedales rurales; la contaminación por pesticidas que afectan a la salud humana y medioambiental; entre muchos otros. Del mismo modo se encuentran la erosión generalizada del suelo; la acidificación y pérdida del mismo; la capacidad de retención de agua; la afectación al patrimonio natural de flora y fauna; los desechos producto de la industria forestal; la construcción y afectación a caminos rurales; además de una degradación social generalizada.
A su vez, genera la imposibilidad de desarrollar estrategias productivas alternativas a las extractivas; una alta concentración de la tierra; la erosión y degradación de los suelos; los riesgos de incendios forestales; la precariedad laboral de los/as trabajadores/as forestales; de tal modo que, por todo lo anterior, se inscribe en un paradigma racializado de injusticia y racismo medioambiental, lo cual tiene expresión en conflictos socio ambientales.
Así lo reafirma el Ingeniero Forestal, Presidente de la Agrupación de Ingenieros/as Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Pablo Parra Soto, quien explica: “Diversos investigadores y profesionales del mundo socio ambiental han señalado que la calidad de vida de las comunidades Mapuche se ha visto menoscabada producto de la apropiación de territorios ancestrales por parte de la industria forestal. En las regiones de Los Ríos y Los Lagos, la industria forestal sustituyó superficie de bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, y también deforestó bosque nativo para transformarlo en astillas producto de una alta demanda del mercado asiático”.
Luego, continúa añadiendo: “Esto provocó una modificación del paisaje tan significativa en algunos sectores, que como consecuencia se produjo un incremento de la vulnerabilidad social y empobrecimiento local de las comunidades Mapuche de esta zona, lo que hoy se ha visto reflejado en el ámbito económico, ambiental y sociocultural”.
Ejemplo también de los impactos del modelo forestal, son las fumigaciones que en distintos momentos han afectado a las comunidades Mapuche Williche en el sector de Popoén en San Juan de la Costa, que se ven rodeadas de diversas forestales, entre ellas Anchile y Arauco.
Pesticidas en el sector agroforestal amenazan el territorio y la salud de las comunidades Mapuche Williche
En abril de 2020, muchos choroyes, loros endémicos y protegidos de bosques del Sur de Chile/Argentina yacían muertos al borde de un camino en Popoén, al borde de un camino. Tras las investigaciones realizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que demostraron la presencia de carbamatos, académicos expertos en biología y ecología de reconocidas universidades en Alemania, Australia, Estados Unidos, India y Chile, entre otros, en un comunicado titulado: “Loros choroy endémicos envenenados en el campo chileno”, solicitaron a las autoridades la prohibición inmediata del uso del compuesto carbamato “tanto para proteger su fauna como su población humana”.
Así, los/as académicos/as señalaron su preocupación: “Nos parece inadmisible el uso de estos químicos como veneno para eliminar fauna silvestre protegida”, señalando que el mismo compuesto produjo la muerte de una menor de edad en Argentina tras consumir una mandarina envenenada en 2017 y la muerte masiva de cóndores andinos en 2018, entre muchos otros casos.
Respecto al envenenamiento de los choroyes en Popoén, el especialista en Ecología de Vida Silvestre y Biología de la Conservación, Ph.D. Jaime Jiménez Hott, docente del Instituto de Investigación Ambiental Avanzada de la Universidad del Norte de Texas, Estados Unidos, nos comenta que de este caso se pueden desprender una serie de aprendizajes. Así, expresa: “En Chile hay muy poca seriedad en torno a los casos de conflictos con la fauna silvestre. Al poco tiempo hubo otro caso de envenenamiento de cachañas cerca de Curarrehue, Araucanía, con el mismo desenlace. A quien le correspondía -agrega apuntado a las responsabilidades institucionales del hecho- debió haber documentado el caso, realizado una investigación seria y aplicar sanciones ejemplares”.
El investigador continúa “¿Qué se espera que ocurra en un país donde desde las máximas autoridades roban y quebrantan la ley a diestra y siniestra? ¿Cuáles son los ejemplos que tienen los/as ciudadanos/as sin mucho poder?” se pregunta.
De misma forma el docente Jiménez señala que: “Se están aplicando venenos al medio ambiente, que aparte de afectar a las personas afecta a nuestro patrimonio natural. ¿Qué cree usted que les pasará a otros organismos vivos co-habitantes que son exactamente iguales a nosotros? Obviamente que pueden causar estragos”, enfatizando que “el derecho de vivir en un mundo libre de contaminación son sólo palabras escritas en un papel. Sospecho que esto es sólo la punta de un enorme iceberg y que el problema es mucho más complejo y que se han detectado niveles muy altos de toxinas en los tejidos humanos”.
Finalmente, Jiménez reflexiona sobre el impacto en el uso del suelo por parte de las forestales, amparadas en el decreto de Ley 701, cuerpo legal instaurado en dictadura, el año 1974, que fija el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación y establece normas de fomento sobre la materia. Así, explica que el impacto del uso del suelo amparado en ese decreto “ha generado cambios dramáticos en la sociedad y en procesos erosivos del suelo, agua, flora y fauna nativas. Estos, ya dejaron de ser puntuales y han afectado de manera radical el centro y sur de Chile, a una escala muy amplia y que se ve difícil de controlar”.
Los carbamatos, asociados a fumigaciones en predios agrícolas-forestales, como muchos otros plaguicidas, pueden ser absorbidos de forma cutánea, digestiva y respiratoria, tanto por seres humanos como animales, afectando seriamente la salud de todo ser vivo, así como el equilibrio y sustentabilidad de los ecosistemas. Por ello, es indispensable la notificación y denuncia inmediata en los Centros de Salud cercanos.
Al respecto, el ingeniero forestal Pablo Parra enfatiza que “en general, si el uso de plaguicidas no es adecuado no sólo pueden generar consecuencias directas a la salud de las personas y sus cultivos, sino que también a ecosistemas, contaminando la biodiversidad, el suelo y el agua”.
Así, agrega: “En el sector forestal, se utilizan plaguicidas en preparación de suelos y combate de agentes patógenos que afectan el desarrollo de las plantaciones forestales. Si bien, la tecnología ha ido avanzando para realizar estas prácticas con mayores resguardos, diversas comunidades han manifestado que se han visto afectadas por el uso incontrolado de plaguicidas, tanto por la industria forestal y agroexportadora”.
Parra finaliza estableciendo que es necesario que a nivel del Estado se avance en fortalecer la fiscalización y políticas de control, que exista una vinculación entre los avances de investigación y el desarrollo y la modernización de normas, regulaciones y programas para un uso y manejo racional y responsable de estas sustancias.
Un año después: fumigación forestal afecta a comunidades Mapuche Williche
Un año más tarde, en diciembre de 2021, otra fumigación afectó a la localidad, dañando no sólo al medio ambiente sino también la salud humana de las comunidades Mapuche Williche de Popoén y Mapu Lafken.
Según denuncian, la forestal japonesa constituida en 1989, ANCHILE Ltda, por medio de la subcontratación de una empresa de fumigación, fumigó el predio Calabozo y Popoén, compuestos por aproximadamente 400 hectáreas destinadas a uso agrícola, y donde se origina el río Panqueco. Este predio contaba con humedales rurales, indispensables para el resguardo de la biodiversidad en el territorio y fue arrendado para la posterior plantación de eucaliptos. Tras ello, las comunidades denunciaron públicamente la contaminación de tres esteros aledaños para uso humano y animal, dado que personas y animales se empezaron a enfermar y flora y fauna en la zona afectada empezó a morir.
Así, realizaron la denuncia al municipio local de San Juan de la Costa. Además, señalan que les realizaron exámenes de sangre tardíos y que el laboratorio que analizó las posibles aguas contaminadas, no cuenta con la capacidad de análisis de parámetros químicos-plaguicidas.
Al respecto, Haydee Mera Coliguechún, ngütamchefe, componedora de huesos, dirigenta de la Comunidad de Popoén, nos relata sobre el proceso de llegada y asentamiento de la forestal japonesa, ANCHILE en el territorio de San Juan de la Costa: “En 1990, llegaron a territorio Williche, vinieron a hacer daño, botaron y quemaron todos los árboles nativos que había. En ese entonces, fumigaron con avión y se secaron los cultivos, los árboles nativos y frutales, además se murieron los animales. Los eucaliptos secaron todas las aguas, y hoy no hay agua para tomar, todo se secó. Toda la gente del sector fue afectada”.
Luego, nos comenta respecto al caso de la fumigación ocurrida en 2021, señalando que integrantes de las comunidades Mapuche se enfermaron del estómago, tuvieron diarreas y vómitos. “Dada una anterior afectación por parte de la empresa, teníamos un acuerdo previo de no fumigación entre la forestal y las comunidades. Sin embargo, la forestal no respetó este acuerdo. ¿Por qué vienen a hacernos daño a nosotros/as? Envenenaron las aguas sabiendo que se usa para riego, las hortalizas, se secó todo lo sembrado, y ese daño no lo paga nadie; las forestales siempre han hecho daño a las comunidades”, enfatiza.
Finalmente, enfatiza: “Estamos aburridos con las forestales, no queremos más plantaciones ni más fumigaciones. Ya está bueno el abuso de poder que tienen con la gente. Son treinta años que estamos viviendo de mentiras y daños; no queremos más guerra, nos están matando en vida”.
Por su parte, Sandor Quidel, otro afectado en la localidad, comenta: “Vas al lugar y no se ve nada, ni saltamontes, ni mariposas. No solamente matan el pasto, sino los animales, venados, zorros, liebres, ya no hay nada. Están contaminando a la gente y a la fauna; están matando todo”.
Luego, añade que la forestal no se acercó a las comunidades, a pesar de las denuncias realizadas y la gravedad de los hechos constatados: “No les interesó nada, no les interesó que la gente sacara agua del estero para consumo humano, no les importó nada. A ellos les da lo mismo, total no les interesa si muere la gente o si mueren los animales, sólo les interesa la plata, plantar pinos y eucaliptos en la tierra, ganar dinero e irse”.
Finalmente, Iván Quidel Quidel, afectado en la localidad de Popoén por las fumigaciones reflexiona: “Acá dicen que usan un químico, pero al parecer, los que tiran, son otros. Después del daño causado, nadie se acercó, dejaron pasar el tema, y se olvidaron. Acá hay racismo porque al lado de un fundo de alguien rico no van a fumigar, lo hacen siempre en territorio Mapuche. No nos valoran ni respetan como Williche”.
A pesar de que se realizaron análisis de muestras de aguas, los laboratorios a los cuales fueron enviadas no cuentan con capacidad analítica de parámetros químicos plaguicidas, según confirma la Oficina Provincial de la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos. Dada la fumigación, funcionarios de Unidad de Salud Ocupacional, realizaron una fiscalización a la Forestal japonesa Anchile, iniciando un sumario administrativo a la forestal y a la empresa de fumigación contratada, por no informar a la comunidad por medio de volantes por la aplicación de plaguicidas y por no contar con registro de difusión.
Cabe destacar que existía un acuerdo previo de no fumigación en el territorio entre la forestal Anchile, Municipio y Comunidades, no obstante, la empresa no respetó el acuerdo.
Por las razones anteriores, en 2022, se envió documentación respecto al caso en Popoén al Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas, Marcos Orellana, Relator especial sobre las consecuencias para los Derechos Humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos. El informe señala que “no hubo una respuesta efectiva ni oportuna por parte del gobierno ni empresas responsables, en beneficio de las comunidades afectadas”. Además, expresa que “si bien en Chile existe un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a Plaguicidas, este está enfocado en trabajadores expuestos a pesticidas, y no existe una normativa o regulación especial respecto a la atención a Pueblos Indígenas ante la exposición a sustancias tóxicas”.
En tanto, el informe “Las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos” de la Asamblea de Naciones Unidas de julio de 2022 al respecto señala que “los Pueblos Indígenas están sufriendo graves efectos en sus Derechos Humanos fundamentales debido a la exposición a sustancias tóxicas y peligrosas”. Sin embargo- añade el informe- “con demasiada frecuencia, sus voces son silenciadas en los procesos de toma de decisiones sobre las sustancias químicas y los desechos”.
En el mismo documento, el Relator Especial, Marcos Orellana, recomienda a los Estados que: “Trabajen con los Pueblos Indígenas para crear mecanismos para proporcionarles reparación integral por los efectos de las sustancias tóxicas, incluida la rehabilitación plena e integral de sus tierras, territorios y recursos”.
Finalmente, desde la Agrupación de Ingenieros/as Forestales por el Bosque Nativo, Pablo Parra explica que se debe transitar hacia un nuevo modelo y paradigma forestal en Chile, que debe ser multidimensional, enfocado en el Buen Vivir, que contribuya a la distribución de recursos y no únicamente en la concentración de los mismos, como sucede en la actualidad.
Así, aclara: “Esto significa posicionar en el debate que las decisiones se deben tomar a partir del Buen Vivir y no desde la rentabilidad, apuntando a que la vulnerabilidad social y riesgo se reduzcan progresivamente; que el modelo se focalice en ecosistemas nativos y plantaciones forestales mixtas que se adapten al escenario climático, y no únicamente a monocultivos exóticos de altas densidades y grandes extensiones en el territorio; que se promueva una economía horizontal que aporte a comunidades locales, y no únicamente a financistas de empresas”.
“Es decir -concluye enfatizando- en un escenario de crisis climática es importante mirar al pasado y sacar lecciones de lo vivido. Por ello, apuntamos a que, en este nuevo modelo, el Estado sea un procesador de demandas colectivas, no individuales”.
De este modo, las comunidades Mapuche Williche de Popoén se ven insertas en un contexto de contaminación indiscriminada por parte del Estado y empresas transnacionales como las forestales que se benefician de la escasa capacidad de gestión de las instituciones para ejercer adecuadas medidas de regulación, fiscalización, reparación y sanción frente a casos que afectan a la salud humana y a la biodiversidad de los ecosistemas. Asimismo, evidencian políticas públicas deficientes y sin pertinencia territorial, en definitiva, una política de impunidad basada en la injusticia y racismo ambiental.
