Por Pablo Parra, Presidente AIFBN
Publicado en El Desconcierto
21 de octubre de 2010
«El marco que se defina en la nueva Constitución será lo que guiará las políticas públicas que se establezcan para establecer procesos de restauración de bosques y matorrales nativos, que al mediano plazo serán los que definirán si podremos salvarnos de los devastadores efectos del cambio climático».
Foto: Yamil Hussein, El Desconcierto.
Se estima que cuando llegaron los españoles a Chile, la superficie de bosque nativo comprendía 25 a 28 millones de hectáreas. Actualmente, se contabilizan un poco más de 14 millones, lo que indica que se ha perdido la mitad de superficie desde la invasión. ¿Por qué se ha perdido tanta superficie hasta hoy? Porque históricamente los bosques y matorrales nativos se han visualizado como una fuente infinita de recursos renovables.
En la zona norte, a través de ordenanzas, el Estado autorizaba a la minería a apropiarse de leña para sus faenas. Esto se llevaba a cabo mediante la “denuncia de bosques”, donde propietarios de bosques eran denunciados, y una vez que la denuncia era efectiva, los propietarios estaban obligados a cortar y vender la madera para que la minería pudiera producir. La devastación fue tan intensa, que el negocio minero vio afectada su productividad ante la escasez de leña, por lo que el estado autorizó la exportación del combustible desde la zona sur, donde los bosques eran abundantes.
En la zona centro, producto de la alta concentración de población, ha habido una importante sustitución de bosques y matorrales nativos por plantaciones forestales y frutícolas, proyectos inmobiliarios, mineros, sanitarios y energéticos. Esto ha llevado a que algunos ecosistemas se encuentren catalogados como vulnerables, en peligro y en peligro crítico, y la situación se torna más preocupante considerando que menos del 1% de los ecosistemas de la zona central no cuentan con alguna categoría de protección por parte del Estado.
En la zona sur y austral, con la llegada de los colonos durante el siglo XIX y XX, el Estado autorizó la destrucción masiva y sistemática del bosque nativo. Esta destrucción se generó con el objetivo de establecimiento de los colonos, donde habilitaron espacio para actividades como la agricultura y ganadería. En esa época, la lógica que primaba era asentarse y desarrollar infraestructura y actividades económicas, por lo que hacer desaparecer el bosque era algo considerado natural e inevitable, y no importaba el método que se utilizara (talas rasas o incendios forestales).
En la actualidad, el bosque y matorral nativo siguen siendo amenazados y degradados (es decir, se ve afectada su salud para recuperarse), tras la visión histórica de que estos ecosistemas son un estorbo para el desempeño de actividades económicas de mayor rentabilidad (para algunos). No se contempla que se afecta la regulación del clima local, aumenta la erosión de los suelos por el viento y por el escurrimiento de la lluvia, se pierde la estabilidad del suelo aumentando el riesgo de avalanchas, desaparecen fuentes de agua natural y se intensifican las sequías, se reduce la biodiversidad y se pierde capacidad de captura de dióxido de carbono (gas de efecto invernadero). Se está afectando la seguridad de la población en un escenario de cambio climático.
Todo esto es posible porque el modelo de desarrollo se basa en la fuerte consigna de proteger la propiedad privada por sobre el bien común. Es decir, yo puedo cortar un bosque nativo en cabecera de un cerro para establecer un megaproyecto porque está en mi propiedad, desestimando los impactos que puede generar para el ecosistema y sus habitantes en el mediano y largo plazo. Por ello, nunca ha habido un momento más propicio en Chile para cambiar el paradigma histórico que ha permitido la destrucción y degradación de los bosques y matorrales nativos.
Que la Constitución diga vivir en un ambiente libre de contaminación tampoco es garantía de nada, ya que eso amarra las decisiones a estándares de medición fácilmente modificables. Chile debe asegurar que su población viva en un ambiente sano y equilibrado, y para avanzar en ello hay que dejar de ver a los ecosistemas nativos como componentes accesorios y estéticos en los territorios, sino como sistemas funcionales y relevantes en la mejora de nuestra calidad de vida y seguridad, que es lo que manifestamos en nuestra propuesta “Chile necesita Nuevo Modelo Forestal”.
Chile debe aprobar para tener una nueva Constitución, que debe ser redactada por una Convención Constituyente y no mixta, ya que el mundo parlamentario ha demostrado un nulo interés e ineficiencia para mejorar la condición de nuestros ecosistemas nativos, y si ha avanzado en algo, ha sido en eternos procesos legislativos que se enmarcan bajo la consigna de “en la medida de lo posible”.
El marco que se defina en la nueva Constitución será lo que guiará las políticas públicas que se establezcan para establecer procesos de restauración de bosques y matorrales nativos, que al mediano plazo serán los que definirán si podremos salvarnos de los devastadores efectos del cambio climático.
Por Pablo Parra, Presidente AIFBN
Publicado en El Desconcierto
21 de octubre de 2010
