Luis Astorga S., Director Honorario, Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN.
El solo cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Principio 3 del sello FSC (Forest Stewardship Council) pueden resolver el conflicto generado por las grandes empresas forestales y el pueblo mapuche.
El Estado de Chile ha desconocido no solo compromisos adquiridos en diversos acuerdos históricos con el pueblo mapuche, sino que no ha otorgado una cabal y justa interpretación a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. En lo medular, no se cumple con los artículos 3 y 4 que se refieren al derecho a la libre determinación de su condición política y derecho a la autonomía o autogobierno. La sola voluntad política del Estado de Chile para cumplir con lo anterior implicaría el comienzo para que muchos líderes mapuche y el Senador Huenchumilla se sienten en una mesa a discutir una salida política al conflicto.
Esta situación ambigua y las políticas de la dictadura abrieron la puerta para que varias empresas forestales, grandes y medianas, hayan adquirido tierras ampliando fuertemente su patrimonio en territorios que no hace muchas décadas pertenecían a familias mapuche, especialmente al sur de la Región del Biobío y de la Araucanía. En ellas desarrollaron vastas áreas de monocultivos de Pino y Eucalipto, arrinconando a las familias, eliminando áreas de cultivo, sitios religiosos y culturales, lugares de colecta de plantas medicinales, etc., afectando la economía y vida espiritual del pueblo mapuche. Como lo menciona el historiador mapuche Fernando Pairican en su libro “Malón, la Rebelión del Movimiento Mapuche, 1990-2013”, se había originado un proceso de destrucción de la esencia del ser mapuche. “esta nueva generación observaba que el país mapuche de sus bisabuelos estaba en peligro de extinción ante los proyectos modernizadores neoliberales como lo eran las forestales e hidroeléctricas” (pág. 21).
Con el fracaso de varias iniciativas en los gobiernos de la Concertación, partiendo por el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989 (Gobierno de Aylwin), muchos jóvenes mapuche inician acciones violentas, principalmente en contra del patrimonio de empresas forestales, lo que genera un escalamiento del conflicto. Sin analizar alternativas políticas, se responde con mas represión, conflicto que se mantiene hasta la actualidad.
El que las empresas forestales contaran con el sello de la Certificación FSC, que respalda el buen desempeño de estas empresas en lo ambiental, social y económico, les mejoró las opciones de llegada a los mercados internacionales y generó alternativas de diálogo frente al conflicto chileno-mapuche, pero el problema era más profundo; fuera de acuerdos puntuales, no se ha avanzado en su resolución. En este caso, el FSC debería haberse retirado del territorio en conflicto porque en las condiciones actuales es imposible cumplir con el Principio 3 de sus estándares que dice: “La Empresa (que quiere certificar FSC) deberá identificar y respaldar los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas, en relación con la propiedad, uso y manejo de la tierra, territorios y recursos, que resulten afectados por las actividades de manejo”. La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) solicitó un informe al respecto, pero hubo indiferencia ante esta situación de conflicto. Incluso, se continuó certificando o recertificando bajo el sello FSC. Esta es una de las causas por las que la AIFBN se retirara como miembro activo de este sistema de Certificación.
