«Urge que se legisle para la incorporación del ordenamiento territorial como parte de una política de largo plazo. Ello permitiría restringir y regular el área hoy ocupada por plantaciones forestales para fines industriales, que generan una alta homogeneidad en el uso del suelo».
La temporada 2017 de incendios forestales ha dejado más de 600.000 hectáreas quemadas, 11 personas fallecidas, más de 1.500 viviendas destruidas y la desgracia ocurrida en el pueblo de Santa Olga. Esto ha significado inmensas pérdidas económicas para el sector forestal y agrícola, además de daños severos a los ecosistemas. Sólo entre el 18 de enero y 5 de febrero se quemaron 467.000 ha y el área total quemada hasta ahora es diez veces mayor que el promedio histórico desde 1977, superando en casi cinco veces el récord de 126.000 ha alcanzado en la temporada 2014-2015. En resumen, se trata de una catástrofe sin precedentes en los últimos 40 años en materia de incendios forestales.
La Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS, la Fundación TERRAM, el Comité Nacional pro Defensa de Fauna y Flora (CODEFF), la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo A.G. (AIFBN), la Red Chilena de Restauración Ecológica A.G. y la Corporación para la Conservación y Uso Sustentable de los Bosque de Alerce, a través de un documento critican la «inestabilidad del Estado» y el modelo forestal chileno tildándolo como un «fracaso».
«Lo vivido esta temporada lleva a preguntarse sobre las causas, responsabilidades y sobre todo a reflexionar respecto a la respuesta frente a este tipo de catástrofes. Como es de esperar, existe una insatisfacción y crítica transversal respecto a la capacidad del Estado para resolver la crisis de proporciones ocasionada por los incendios. Pese a ello, la sociedad en su conjunto reconoce la labor de los brigadistas y trabajadores de CONAF, además del Cuerpo de Bomberos, Carabineros, voluntarios y brigadas de empresas, fuerzas armadas y países amigos en esta contingencia», mencionaron.
Y agregaron que «sin embargo, los hechos y cifras demuestran que hay mucho que mejorar en cuanto a la gestión de la respuesta del Estado frente a los incendios forestales y otros desastres naturales. La ocurrencia e impactos de esta catástrofe no pueden sólo atribuirse al desempeño del Gobierno de turno. El problema de fondo es la debilidad estructural del Estado para enfrentar desastres de magnitudes nunca antes vistos. Dentro de este contexto, queremos aportar elementos para un debate impostergable», expresaron.
La investigación científica y los antecedentes técnicos entregados, muestran que el drástico aumento de superficie quemada es producto de la sobreposición de tres factores principales:
1.- El Cambio Climático, el cual nos ha dejado el efecto acumulativo de un extenso período de sequía (Megasequía) que comenzó en 2010. Durante esta temporada se generaron condiciones excepcionales para la ocurrencia y propagación de los incendios. Enero del año 2017 presentó las mayores temperaturas máximas registradas en la zona central del país. Éstas alcanzaron entre el 25 y 27 de enero 37,4°C, 44,9°C, 43,9°C y 41,5°C en Santiago, Quillón, Cauquenes y Chillán, respectivamente. A esto se sumaron vientos sobre los 30 km/hora, provenientes de la Cordillera de los Andes y condiciones de humedad relativa menores al 30%. Dichas condiciones permitieron que los incendios alcanzaran grandes superficies, abarcando un total de 250.000 hectáreas en dichos días, es decir el 42% del área afectada por incendios a la fecha.
2.- Negligencia o intencionalidad de las personas como causa de la iniciación de casi la totalidad de los incendios forestales que ocurren en nuestro país. En la última década, los incendios intencionales representan un 34% y los causados por negligencia el 65,5%. Esta temporada, la alta tasa de generación de incendios simultáneos en determinadas regiones implicaría un posible aumento de la intencionalidad, lo cual está siendo investigado por la justicia.
3.- Paisajes muy homogéneos de plantaciones forestales, principalmente para fines industriales, altamente propensos a los incendios, fruto de 40 años de una política forestal y económica. Dichas políticas llevaron al desarrollo de un modelo forestal sin criterio alguno de ordenamiento y/o planificación territorial y con insuficientes medidas tendientes a reducir el riesgo y minimizar el impacto de los incendios.
Lo ocurrido este verano y las proyecciones de cambio climático para el centro sur de Chile, con menores precipitaciones y aumento de temperaturas, señalan «la necesidad urgente de adaptarnos como sociedad. Para ello debemos avanzar modificando los factores que podemos controlar en el corto y mediano plazo, como son la disminución drástica del número de incendios de origen humano y la implementación de políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo forestal», indicaron.
Para disminuir el número de incendios de origen humano, que son prácticamente la totalidad de los incendios en Chile (99,5%), «se necesita impulsar cambios en el comportamiento de la sociedad ante el fuego. Para ello se requiere cambios en la legislación que permitan sancionar con penas drásticas, tanto las igniciones intencionales, como aquellas por negligencia. A la vez, los ciudadanos y sus organizaciones debemos exigir que el Estado incremente sustancialmente los recursos y capacidades destinados a la prevención de incendios, fiscalización de quemas y campañas de difusión y educación. También se requiere el desarrollo de sistemas ciudadanos de alerta temprana y la preparación social para enfrentar las emergencias», explicaron desde las instituciones.
Así mismo, afirmaron que «urge que se legisle para la incorporación del ordenamiento territorial como parte de una política de largo plazo. Ello permitiría restringir y regular el área hoy ocupada por plantaciones forestales para fines industriales, que generan una alta homogeneidad en el uso del suelo. Lo anterior, significa el reemplazo del actual modelo forestal en que las decisiones respecto al diseño, ubicación y extensión de las plantaciones son tomadas casi exclusivamente por el sector privado. En las últimas cuatro décadas la ausencia de ordenamiento territorial e insuficiente regulación y el pago de subsidios a través del DL 701 llevaron a la masificación de las plantaciones. Lo anterior sin considerar las externalidades negativas, tales como el aumento del riesgo de incendios o dificultad para controlarlos y la disminución de los caudales y escasez de agua».
Desde las organizaciones aseguraron que «se requieren regulaciones que exijan y fiscalicen efectivamente la creación de áreas sin plantaciones forestales en la periferia de pueblos y ciudades, mantención de cortafuegos limpia de fajas en torno a líneas de transmisión eléctrica, carreteras, industrias, viviendas en sectores rurales, así como la restricción del uso y calendario de las quemas controladas. Estas regulaciones debieran además aumentar la protección y fomentar la restauración de bosques nativos y vegetación nativa alrededor de los cauces de ríos, arroyos y quebradas en franjas de un ancho que garanticen una protección efectiva. De esta forma, se podría avanzar gradualmente hacia paisajes más heterogéneos y menos combustibles que permitan equilibrar la provisión de bienes (por ejemplo, madera), servicios ecosistémicos (por ejemplo, agua en cantidad y calidad, oportunidades de recreación), y la conservación de la biodiversidad. Lo anterior generaría la diversificación de la matriz productiva y del empleo en aquellas regiones y comunas que dependen mayormente de la actividad forestal».
Por su parte aseguran que «el cambio climático hace cada vez más necesario coordinar los esfuerzos de los diferentes servicios, ministerios, científicos, empresas forestales y comunidades locales de manera de generar condiciones reales de alerta temprana que permitan aumentar los niveles de fiscalización, prevención y movilización de recursos económicos, técnicos y humanos. También es necesario aumentar los recursos y coordinación para el combate de incendios. En los últimos años ha habido un incremento sostenido en el presupuesto del Programa de Manejo del Fuego de CONAF, desde $9.500 millones en el 2009 a $26.000 millones anuales en 2016 y 2017, respectivamente, contando además con el apoyo de la ONEMI. No obstante, esta temporada los recursos fueron claramente insuficientes».
En definitiva, desde las instituciones hicieron un llamado «a este gobierno y los que vienen a materializar políticas de Estado actualizadas que incorporen efectivamente el cambio climático y que aborden decididamente los cambios estructurales al modelo forestal con regulaciones en materia de ordenamiento territorial y de cuencas. Si no lo hacemos, hay pocas posibilidades de mantener nuestra forma de habitar los territorios en el Centro y Centro Sur de Chile y de impedir que se establezca un nuevo régimen de incendios, fuera de su rango histórico, con graves consecuencias sociales, ambientales y económicas. Para abordar todas estas tareas, es central la materialización de la medida anunciada por el Gobierno para la creación de un Servicio Forestal Nacional. Dicho servicio debiera transformar a la actual CONAF en una institución estatal que cuente con todos los recursos y atribuciones para la regulación del sector forestal en su conjunto y para coordinar las acciones de prevención, fiscalización y combate del fuego. A una mayor escala, se deben aumentar los esfuerzos para contar con un Estado moderno capaz de enfrentar los problemas y desafíos complejos que resultan de la sobreposición del cambio climático, el territorio y el comportamiento de la sociedad», concluye la misiva.
Fuente: El Mostrador
