Por Rodrigo Herrera Jeno
Socio AIFBN
Publicado el 10 de diciembre de 2020, en El Desconcierto
Foto: Bosque Esclerófilo, Cordillera de la Costa. Yamil Hussein.
Hay una discusión no resuelta respecto a qué debería considerar la nueva Constitución de Chile respecto al resguardo de su patrimonio natural y ambiental. Se habla de incorporar a la Naturaleza como un derecho consagrado a protegerla y preservarla; por cierto, absolutamente necesario considerando que la extracción y explotación intensiva desde la intensificación del Modelo Económico Neoliberal en 1973, tenga hoy a la Naturaleza de nuestro país sin capacidad de recuperarse, generando sistemas naturales vulnerables a los distintos impactos generados por el ser humano.
En Chile esto se puede observar en temas como el agua donde un reciente estudio indica que de los 29.001 titulares que poseen derechos de agua consuntivos, el 1% de ellos posee el 79,02% del volumen total de agua disponible en el sistema, que a su vez representa solo el 4,3% de los derechos de propiedad hídrica existente. Para efectos de esta opinión, considero al agua como un elemento vital de la Naturaleza, aun cuando creo que por sí misma el agua debe considerarse como un capítulo aparte en la Nueva Constitución, donde se consagre el derecho a este elemento para consumo humano ante todo. Otro ejemplo donde podemos observar el impacto del modelo es en el suelo donde la expansión urbana, la ciudad de cemento y la centralización en grandes urbes como Santiago hacen que hoy los bosques esclerófilos, esos de hoja dura, maltratados y eliminados por la minería en el pasado y que ahora sufren los embates del establecimiento de paltos, proyectos inmobiliarios cercanos a la cota mil, la sequía y el cambio climático, transforman el paisaje natural de la zona central en un “desierto de cemento” que afecta la calidad de vida de casi la mitad de la población del país.
Naturaleza proviene del latín “natura” que significa natural. La naturaleza es todo lo que está creado de manera natural en el planeta. Está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, tales como animales, plantas, seres humanos y el suelo. Sí, el suelo, que es capaz de almacenar el 40% del carbono en el planeta, según la FAO, y que por falta de regulación que gestione adecuadamente su uso sustentable, está absolutamente desprotegido y cada vez más vulnerable a su destrucción y deterioro. ¿Quiénes pueden ayudar a conservar el suelo?: Los bosques. Cuando me refiero a los bosques, no me refiero a plantaciones forestales exóticas de rápido crecimiento como Pino o Eucaliptus. Me refiero a formaciones vegetales forestales y naturales, complejas y dinámicos, que otorgan múltiples bienes y servicios, derivados de sus funciones sociales, ecosistémicas, ecológicas, económicas y ambientales, y que no están siendo adecuadamente reguladas.
Por ejemplo, en el contexto de la crisis climática y la mega sequía que enfrentamos, Chile se ha comprometido en reducir Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de una ambiciosa meta de Carbono Neutralidad al 2050. Dentro de varias sub-metas, se considera manejar los bosques sustentablemente y recuperar 200.000 ha de bosques nativos al año 2030. Lo anterior es parte de una de las metas establecidas en la Contribución Nacional Determinada (NDC, sigla en inglés) presentada en abril de 2020 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que tiene como criterios el planificar actividades de largo plazo que otorguen un sentido de permanencia a través de la conservación del bosque y aplicar parámetros mínimos de rendimiento sostenido que garanticen que las extracciones no superen el crecimiento de este importante ecosistema. Pues bien, la última evaluación (2020) del Fondo Concursable de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, conocida como la Ley de Bosque Nativo, concluye que la superficie de bosque nativo beneficiada a través de proyectos adjudicados entre el 2012 y 2019 es de 172.957 hectáreas (ha). No obstante, la superficie de bosque nativo que realmente fue manejada y que percibió bonificación alcanzó a 37.151 ha, siendo el promedio anual de 4.644 ha. De mantenerse este último promedio anual, y al proyectarlo de manera lineal al 2030, año en que se estima alcanzaría el máximo de emisiones de GEI para luego la curva descender, significa que la superficie de bosque nativo manejada sustentablemente podría alcanzar los 39.312 ha; es decir, muy por debajo de las 200.000 ha propuestas como meta al 2030 en la NDC de Chile. Por su parte, esta superficie representa una captura de 208.377 toneladas de CO2 y una tasa anual de 26.601 toneladas, lo que refleja que a estas tasas al 2030 no estaría cumpliéndose tampoco la meta de reducción de GEI.
Quise mencionar estos datos porque encuentro urgente, más allá de la discusión sobre la nueva Constitución, la necesidad de crear y modificar la legislación forestal vigente, aprobando un Servicio Nacional Forestal (proyecto de ley que duerme en el Congreso Nacional), modificando la Ley de Bosque Nativo (que en sus 12 años de implementación, el bosque continúa deteriorándose en vez de recuperándose), y creando una nueva Ley de Fomento Forestal que en el marco del cambio climático, dé valor ambiental, económico y social a los bosques, y que las plantaciones forestales sean parte de un “negocio” donde a través de coberturas forestales exóticas permanentes, puedan también realizar una contribución a la captura de gases de efecto invernadero. En ese sentido, el libro “Chile necesita un Nuevo Modelo Forestal, ante los desafíos climáticos, sociales y ambientales”, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, entrega una orientación de cómo cambiar el actual modelo forestal basado en “comodities” como la celulosa. Cambiar este paradigma no es responsabilidad del sector forestal. Es responsabilidad de los ingenieros forestales tradicionales y conservadores que bajo la premisa de la escuela antigua, se han quedado pegados en una frase muy típica del rubro forestal: “los árboles no dejan ver el bosque”.
En la actual Constitución de la República de Chile se consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, otorgando como deber del Estado “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. En el numeral 24, se consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. En su inciso segundo, “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, que comprende en ese ámbito la conservación del patrimonio ambiental”. ¿Ustedes creen que dicha función social se cumple? La respuesta es no, porque las limitaciones a este ejercicio arbitrario, referido al razonable arbitrio, son altamente difusas y aplican siempre y cuando no sean contra la ley o en contra del derecho ajeno; es decir, la propiedad. En una nueva Constitución entonces, es necesario primero establecer derechos y deberes del Estado y sus ciudadanos para proteger y conservar la Naturaleza. El derecho de propiedad debe contener una función social, que no significa expropiar ni enajenar dicho derecho cuando ha sido bien constituido, sino compartir dicha función como una sociedad inteligente, igualitaria, solidaria y respetuosa de la Naturaleza. Lo que está en juego no es precisamente una Constitución. Lo que está en juego es la sobrevivencia humana que dejaría de existir si no contamos con una Naturaleza conservada y protegida, y entendida como un sistema dinámico, complejo, integral y en constante movimiento.
Publicado el 10 de diciembre de 2020, en El Desconcierto
