Por Alberto Peña, Director Honorario de la Agrupación de Ingenieros/as Forestales por el Bosque Nativo.
[Columna vinculada a artículo publicado el 04 de mayo de 2025, en Plataforma La Ventana Ciudadana: Permisología: ¿una verdadera nece(dad)sidad? – Fotografía: EFE Verde]
Muchos se refieren al término “permisología” para describir específicamente el abuso de la administración estatal a la hora de diseñar, solicitar y resolver una multitud de trámites, permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura. En este sentido también se ha acuñado el término “tramitología” para dar aún más énfasis en dicho abuso. Tal vocablo empieza a utilizarse en la clase empresarial y, básicamente son sus medios de difusión los que sirven de caja de resonancia destacando sus efectos como paralizantes de la inversión privada y pública en Chile: usan ejemplos de la casuística para validar sus argumentos y empujar para que se legisle contra la “permisología”.
Al observar los datos de ingresos de nuevos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se puede verificar que entre 2022 y 2024 sobrevino una marcada disminución del número de proyectos ingresados. Quizás ello se relacione con una campaña mediática que ponía en duda el buen manejo económico del país, induciendo a generar una incertidumbre irreal.
Antes de existir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA, las inversiones públicas y privadas también debían enfrentar un sinnúmero de permisos sectoriales en diversos ámbitos como la construcción, la minería, la energía y la agricultura, pero a diferencia de hoy, la mayoría de esas inversiones NO se hacían cargo de sus efectos e impactos, los que quedaban consignados meramente como externalidades negativas o positivas, cargándole a la sociedad chilena las negativas y, en muchos casos, apropiándose de las positivas, si las hubiere.
El sólo hecho de no hacerse cargo de las externalidades negativas generadas podía significar incluso una especie de subsidio, que la nación y naturaleza chilena le otorgaban a los productos y servicios, muchos de la cuales competían en mercados internacionales con ventaja respecto de aquellos países en que si estaban obligados a hacerse cargo de tales externalidades. Si Chile quería jugar en serio en los mercados internacionales debía poner coto a esa situación ventajosa.
Por lo demás iba creciendo, de parte de las sociedades demandantes de tales productos, una preocupación acerca del modo de producción. Chile había suscrito, además, una serie de Convenciones como la CITES, la de Ramsar y luego de Río 1992 (la Cumbre de la Tierra), más las de Desertificación, Biodiversidad, Cambio Climático y un largo etcétera de compromisos socioambientales. Es en ese contexto que Chile asume el compromiso de instalar un sistema de evaluación de impacto ambiental y desarrolla un mecanismo de “ventanilla única”, para agilizar los procesos de tramitación de los permisos involucrados.
En el gobierno de Bachelet I se hizo una revisión del conjunto del SEIA para agilizar sus procesos de evaluación, habida constatación de la enorme carga de trabajo que iba significando la sola administración del sistema, y tal proceso de revisión continuó durante el gobierno de Piñera I concluyendo con la publicación de un nuevo reglamento en 2013, que acortó significativamente los plazos de evaluación.
Los articulistas adversarios de la “permisología” no plantean otras posibilidades. Y es un hecho cierto que existen plazos excedidos en algunos casos (la casuística) y que todo el sistema todavía puede ser más eficiente, pero en sus argumentos no aparecen antecedentes acerca de la carga de trabajo que ha implicado el creciente flujo de proyectos que se incorporan mensualmente al SEIA y que van conformando una carga adicional a los proyectos que ya están en proceso de evaluación; esto sugiere analizar las dotaciones de personal destinados a evaluar este flujo continuo y creciente de proyectos, considerando además, que esos equipos de profesionales también deben participar en las actividades de fiscalización que programa la Superintendencia de Medio Ambiente, más las propias fiscalizaciones sectoriales relacionadas a los proyectos en marcha.
También hay que tener en cuenta la calidad contractual de ese enorme trabajo, ya que abundan los contratos temporales , lo que redunda no sólo en una precarización del trabajo sino también en la imposibilidad de generar experiencia suficiente visualizándose una alta rotación de profesionales los cuales a menudo son captados por las empresas inversionistas o consultoras; así, es el Estado el que debe invertir en capacitar nuevos profesionales que al final harán el mismo recorrido. Esta precariedad contractual además confabula contra el buen diseño de buenas políticas públicas. Tampoco en sus argumentos dan cuenta de que muchos de los extensos plazos se deben a las solicitudes de extensión solicitados por los propios titulares para darse el tiempo de completar los antecedentes entregados que fueron observados.
Es necesario hacer una revisión del SEIA en el sentido de fortalecerlo y hacerlo más eficiente, pero resguardando permanentemente el objetivo que llevó a instalarlo hace ya 31 años: ya no es posible desarrollar inversión pública y privada sin hacerse cargo de sus impactos y efectos. En esa perspectiva es necesario mejorar el nivel de rigor de sus profesionales y de los instrumentos que administran reforzando el concepto de “ventanilla única” evitando alargar plazos por permiso sectoriales excedidos, eliminando las discrecionalidades.
Por su parte los inversionistas deben considerar buenos diseños de sus proyectos, en función de los requerimientos establecidos para tratar de lograr que sus proyectos sean aprobados en el primer intento. Hoy ocurre que los proyectos son evaluados en primera instancia con herramientas sólo de costo/beneficio y recién después de ello, se aplica la evaluación ambiental; las herramientas de “screening” y “scoping”, permitirían reducir incertidumbres y acortar plazos.
Por otra parte, es necesario revisar las exigencias que son marginales respecto de la evaluación ambiental. Por ejemplo, retrasar proyectos porque no se cumplió estrictamente con la norma de elaboración de la cartografía, puede ser un exceso innecesario y habría que revisar si tal exigencia se justifica o no. En esta misma línea es muy necesario considerar que la discrecionalidad surge muchas veces de falta de conocimientos técnicos actualizados o de no tener experiencia efectiva en la aplicación de medidas de reparación, por ejemplo, o de la falta de sensatez de determinadas medidas que se proponen, tanto por parte de los consultores como de los evaluadores.
Y aquí surge un aspecto básico y es el hecho de que con 31 años de aplicación del SEIA existe una enorme experiencia acumulada, de éxitos y fracasos, en la aplicación de medidas de mitigación, reparación y compensación, pero que muchas veces tales conocimientos no son compartidos por contratos de exclusividad que obligan a las empresas consultoras, por ejemplo. Hoy mucho de lo que se sabe en la práctica ha surgido a partir de esas experiencias dispersas, desconectadas, descoordinadas, pero que no necesariamente quedan disponibles para que otros proyectos aprovechen de tales conocimientos logrados a fuerza de prueba y error muchas veces. Es vital que se compartan esas experiencias. Quizás alguna Universidad podría ser la catalizadora de un proceso de perfeccionamiento en base a experiencias compartidas.
Mientras los difusores de la campaña de la “permisología” entendida como algo a eliminar, no comprendan que tanto el contexto ambiental, político y social no permite retroceder en el tiempo, ni menos aplicar el laissez faire que tanto daño produjo en los territorios y en las comunidades y sociedad en general, seguirán tratando de ejercer presiones mediáticas sobre la opinión pública y sobre los decisores de todo orden, pero ese camino no tiene salida y sus resultados ya los conocemos en los escenarios de las crisis que ya están instaladas en el planeta y que los mejores científicos del mundo vienen alertando desde hace ya demasiado tiempo.
[Columna vinculada a artículo publicado el 04 de mayo de 2025, en Plataforma La Ventana Ciudadana: Permisología: ¿una verdadera nece(dad)sidad? – Fotografía: EFE Verde]
