Columna de opinión del socio de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Sergio Donoso.
El fomento forestal, que consistió en subsidiar el establecimiento de plantaciones principalmente de especies de rápido crecimiento, se inició en 1974 (D.L. 701). El año 2012 dejó de estar vigente como fuente de subsidio a la forestación. Luego de más de 40 años del inicio de esta política de fomento, el sector de plantaciones se concentra en dos conglomerados el grupo Arauco (Angelini) y el grupo CMPC (Matte), y presenta un favorable resultado económico con exportaciones del sector de plantaciones superiores a seis mil millones de dólares el año 2014. Sin embargo, diferentes actores han constatado y denunciado el gran pasivo ambiental, social y económico, que ha producido este modelo de desarrollo basado en extensos monocultivos con fines industriales (celulosa). Dentro de los principales pasivos, se destacan la pérdida de biodiversidad, reducción de los caudales en las zonas con plantaciones, fragmentación del paisaje, escaso aporte de la gran industria forestal al desarrollo local, territorios con comunidades en conflicto con las empresas, y una reducción de la pequeña y mediana industria forestal ante el duopolio de estos conglomerados.
El Gobierno anterior, presentó el año 2012 un proyecto de nueva Ley de Fomento Forestal, con algunos perfeccionamientos respecto a los posibles beneficiarios y protección ambiental, en relación al actualmente vigente. Sin embargo, persistía una visión añeja de desarrollo económico y el proyecto fue fuertemente resistido y rechazado por comunidades rurales y organizaciones ambientales, quienes tuvieron el apoyo de múltiples parlamentarios de la actual Nueva Mayoría. Debido a ello, ese proyecto, no fue promulgado. Con la entrada del nuevo Gobierno, las diferentes organizaciones esperaban la formulación de un nuevo proyecto, que considerara una visión renovada y moderna de la protección del medio ambiente y un desarrollo equilibrado, con un especial énfasis en el apoyo a las comunidades locales y pequeños propietarios forestales.
Paradójicamente, el actual Gobierno está impulsando, prorrogar hasta el año 2018 el mismo subsidio forestal que estuvo vigente hasta el 2012, sin ninguna modificación que permita atenuar o eliminar los defectos detectados. La prórroga ya fue aprobada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
Con este tipo acciones se vuelve incomprensible el actuar del Gobierno y es un ejemplo palpable, de la inconsecuencia y de su renuncia a la realidad. Ello no hace más que incrementar la desconfianza hacia los legisladores y gobierno.
