Ricardo Rodríguez: la urgencia de suscribir el Acuerdo de Escazú

 

Opinión escrita por el socio Ricardo Rodríguez.

Publicado el 28 de septiembre de 2019

 

 

Para que la ciudadanía no sea confundida por la información que sale de La Moneda, el mantener la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú (no Tratado), no pasa porque se ponga en riesgo la soberanía nacional. Muy lejos de aquello, una de las componentes del Acuerdo, que compromete a los Estados signatarios  a “garantizar la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, es la que mantiene indeciso al Ejecutivo.

Precisamente, por ejemplo en el artículo 8 de Acceso a la justicia en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú, el N° 1 expresa que “Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso” y el N° 5 señala “Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada Parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda”.

Responsablemente tengo que expresar mis serias dudas respecto a que si no será esta exigencia del Acuerdo de Escazú lo que mantiene en duda su firma por parte de nuestro presidente, o el tema de la soberanía, que no es para nada grave como podrán constatar con la firma del resto de los Estados y si se toman el tiempo de leer el contenido del señalado Acuerdo. Es sabido por la ciudadanía cómo ha ido subiendo el número de suicidios en nuestro país. Curiosamente, esta cifra ha sido aumentada por suicidios de dirigentes y dirigentas sociales proveniente de juntas de vecinos, organizaciones ambientales y otras agrupaciones de ciudadanos.

Si tanto preocupa al Ejecutivo el tema de la soberanía, todavía tiene la opción, según el mismo ha señalado, de impulsar algunas indicaciones interpretativas al Acuerdo, pero lo que no puede esperar un minuto más, es la protección a los y las defensoras de actos atentatorios contra el medio ambiente.

Ricardo Rodríguez

Socio AIFBN

 

Publicado el 28 de septiembre de 2019