«El Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas», afirmó Carmen Castro, geógrafa de la Universidad de Chile, quien advierte que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deberían estar orientadas en función de esta realidad.
Durante la temporada de incendios 2016 – 2017, excluyendo Tarapacá y Antofagasta, todas las regiones del país enfrentaron este tipo de incendios, siendo las más afectadas la región del Maule con 631 incendios, Biobío con 1951 y la Araucanía con 753.
El daño no solo se remitió al medio ambiente con las miles de hectáreas quemadas, sino que también hubo diez víctimas fatales producto de los diversos focos incendiarios. Además, de forma indirecta fallecieron cuatro personas, y la localidad de Santa Olga en la Región del Maule fue consumida completamente por el fuego.
La gran emergencia ambiental provocó que Conaf y el gobierno desplegaran todos sus esfuerzos para contener la emergencia, teniendo que recurrir incluso a ayuda internacional para poder combatir estos focos.
Fue precisamente a partir de estos masivos y destructivos hechos que, a fines de enero de 2017, el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre anunció que se crearía el Servicio Nacional Forestal para fortalecer la institucionalidad en esta materia.
Sin embargo, a más de un año y medio de estos incendios y del anuncio del entonces gobierno de Michelle Bachelet, el Servicio Nacional Forestal está lejos de concretarse, algo que, para Sergio Donoso, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, debe resolverse antes del próximo verano.
Según indicó Donoso, el nuevo servicio se hará cargo de competencias que hoy no tiene Conaf, como por ejemplo resolver lo que refiere a la cercanía de bosques y sectores poblados: “Estéticamente esta situación es linda, pero quién se hace responsable del riesgo inminente que esto presenta, y desde esa perspectiva hay una mejora en el cuerpo legal con el Servicio”.
Además, el presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el bosque nativo, señaló que las condiciones actuales de sequía más las proyecciones de temperaturas para el verano de 2019 son las mismas que se dieron hace dos años, por lo que es probable que, si no se toman las medidas correspondientes, como la aprobación del Servicio, el escenario se repita.
En esa línea indicó que debe ser el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se haga cargo de esta situación para que la nueva institución se concrete lo antes posible: “El ministro debe agilizar el proceso para que después en el verano no digan “esto fue imposible de resolver”. Aún hay tiempo para dar mejores herramientas para enfrentar un escenario que posiblemente va ser complejo el próximo verano”, explicó Sergio Donoso.
El principal objetivo de este nuevo organismo público es normar y prevenir las construcciones en zonas de riesgo, ya que la cercanía entre lugares urbanos y bosques aumenta la probabilidad de daños a la hora de incendios forestales. Además, su creación convierte a la institución forestal en algo plenamente dependiente del estado y sus recursos, a diferencia de Conaf que es una corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, sin tener la calidad de servicio estatal.
Si bien la conformación de esta institución ya fue aprobada en las Comisiones de Medio Ambiente y Agricultura en la Cámara de Diputados a inicios de este año, ahora se encuentra entrampada en el mismo trámite dentro del Senado.
La senadora DC Ximena Rincón, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, explicó el proceso legislativo que enfrenta este proyecto y señaló que no ha sido revisado ni ha tenido avances porque los miembros de la comisión están a la espera de que el gobierno determine como quiere proseguir con la iniciativa.
“Nosotros tenemos claridad de que no queremos que el Servicio quede en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que no significa que las materias de regulación tengan que estar en el medio ambiente, pero el Servicio como tal tiene que estar en Agricultura”, explicó la parlamentaria, añadiendo que el escenario que se de en el próximo verano dependerá de cómo se utilicen los recursos destinados a este tipo de hechos.
Por su parte, la geógrafa de la Universidad de Chile Carmen Castro explicó que la geografía de nuestro país lo expone a diversos riesgos, por lo que todas sus políticas públicas deben estar orientadas en función de esta realidad. Sin embargo, aclaró que durante el último tiempo las autoridades han puesto el foco solo en mejorar lo que refiere a los sismos, despreocupándose de otras catástrofes o situaciones peligrosas.
“Hemos dejado de lado los riesgos de tsunami de aluviones de inundaciones de incendios forestales y con el cambio climático las condiciones han cambiado y ahora tenemos que enfocarnos en ese tipo de desastres”, explicó.
Además, la experta en Prevención, Planificación y Emergencia de Desastres dijo que “el Estado tiene que tener una parte importante de incidencia en la regulación de agencias o instituciones que tienen que ver con la vida de las personas”, por lo que la aprobación del Servicio Nacional Forestal será clave para enfrentar los incendios forestales con más recursos y personal.
Al ser, por el momento, Conaf la encargada de prepararse para enfrentar posibles incendios, el organismo ya ha comenzado a equiparse con diferentes indumentarias que permitan prevenir o controlar este tipo de hechos.
En ese contexto, fue que el pasado jueves se confirmó que contarán con 40 aeronaves y 222 brigadas para la temporada de incendios, a pesar del déficit económico que han enfrentado en los últimos meses. Ya se cuenta con 32 vehículos aéreos licitados para este programa, y se han realizado nexos con empresas especializadas en incendios de Estados Unidos y Europa, a las que deberían sumarse durante los próximos meses equipos de Argentina y Brasil, las que se encargarán del apoyo terrestre.
