Publicado el 04 de febrero de 2021
Por Jennifer Romero Valpreda
Directora Ejecutiva AIFBN
(Foto: Silvia Donoso Hiriart)
Desde el año 2018, agrupaciones de la zona de Las Cabras en la VI Región comenzaron a movilizarse porque en su territorio se estaba autorizando la tala indiscriminada del bosque nativo para habilitar cultivos de paltos. Por ello, la comunidad y la diputada Alejandra Sepúlveda emprendieron acciones que llevaron a la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados el año 2019. A través de esta comisión, se buscó investigar irregularidades en torno a los procedimientos de corta de bosques nativos para habilitar terrenos agrícolas. La Comisión resolvió a favor de las reclamaciones ciudadanas, incluso sugiriendo cambios profundos a las instituciones y normas del sector forestal.
Luego, la Diputada Alejandra Sepúlveda junto a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), presentaron una solicitud a la Contraloría General de la República para que se pronunciara sobre la legalidad de estas autorizaciones. En marzo del año 2020 la Contraloría emitió un dictamen que declaró que es incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, como señala la Ley de Bosque Nativo (2008). Además, se solicitó a CONAF adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido. Esta medida fue acatada por CONAF en abril, instruyendo el término de ingreso de solicitudes para autorizar esas sustituciones.
Tras ello, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) interpuso un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por “actos arbitrarios e ilegales” contra la propia Contraloría y contra CONAF por acatar el dictamen. En julio de 2020, se presentó un informe firmado por 76 científicos(as), indicando que en el recurso de Protección de la SNA no tenía argumentos sólidos ni evidencia científica que lo respaldara. Es más, las acciones de cambios de uso de suelo tienen un efecto significativo y negativo sobre los ecosistemas nativos, el resguardo de la calidad de las aguas y el cuidado y mantención de los suelos. Comunidades, organizaciones de la sociedad civil y municipalidades decidieron hacerse parte del proceso para que la Corte de Apelaciones respaldara el Dictamen emitido por la Contraloría.
El 12 de noviembre del año 2020 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la SNA, quienes interpusieron un nuevo recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Hoy nos satisface profundamente la noticia de que la Corte Suprema, en forma unánime, ha rechazado dicho recurso. Eso significa que se pone punto final a la eliminación de bosque nativo para poder convertirlo en cultivos agrícolas. Esta ha sido una larga y dura batalla, desde la comunidad organizada.
¿Qué sigue ahora? Tenemos muchas otras batallas que dar, como asegurar que no se cambie el uso de suelo tras un incendio forestal u otras catástrofes, que se protejan otras formaciones nativas como las «xerofíticas» (cactáceas), el freno a la expansión inmobiliaria sin criterios ambientales, la recuperación de bosques y formaciones originales que fueron convertidas a otros usos, etc. Es un camino difícil, pero no imposible como queda ya demostrado. Desde la sociedad civil seguiremos contribuyendo para alcanzar una vida más equitativa, responsable ambientalmente y acorde a los desafíos que el cambio climático nos presenta.
Publicado el 04 de febrero de 2021
Por Jennifer Romero Valpreda
Directora Ejecutiva Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
