Por Luis Astorga, Director honorario AIFBN
Publicado en Le Monde Diplomatique
Una gran mayoría del pueblo decidió en el plebiscito del 25 de octubre que Chile necesita una nueva Constitución. Gran tarea para las personas que serán elegidas en abril de 2021 porque la diferencia entre la actual y una nueva es que en la primera -impuesta por la dictadura- las decisiones sociales importantes como: educación, salud, seguridad social, vivienda, ordenación urbana y rural, medioambiente, etc. están entregadas -sin decirlo- al sistema de mercado, base del neoliberalismo. Eso generó grandes grupos de poder económico-financieros, concentración de la riqueza, desigualdad y segregación que operaron con las necesidades sociales: AFPs, Isapres, educación, seguros. La explosión social de octubre de 2019 nace de aquello que los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría no fueron capaces o no tuvieron la voluntad política de cambiar.
Uno de los temas esenciales que debe considerar la nueva Constitución es el de la Naturaleza y Medioambiente, que sustentan nuestra vida: agua, alimentación, aire, tierra que pisamos, paisaje y su aporte al balance espiritual. Los ecosistemas naturales -bosques, océanos, glaciares, desiertos, etc.- son un Patrimonio Nacional (pertenece a la nación toda) y su conceptualización y uso como “Recursos Naturales” solo puede ser hecha en la medida que existan reglas muy claras que eviten su destrucción y pérdida de valor para las generaciones futuras. La Constitución actual no lo garantiza y el mercado no ha tenido ni tiene la capacidad de hacerlo. Existe agotamiento por el sobreuso en bosques, recursos marinos y mineros o daños ambientales y sociales en pesqueras, mineras, plantaciones forestales. Necesitamos un nuevo contrato social que si lo garantice.
El modelo forestal chileno se sustenta en las extensas plantaciones de pinos y eucaliptos, cuya superficie se incrementó fuertemente con el DL 701 de 1974 promulgado por la dictadura de Pinochet. A pesar de su éxito macroeconómico, y el de las grandes empresas que han crecido bajo su alero, no es sostenible y su debilidad se ha ido apreciando a medida que transcurre el tiempo. Los primeros síntomas fueron manifestaciones de comunidades locales que, a comienzo de los noventa, reclamaban contra las “forestales” por los impactos negativos de las plantaciones en el agua, biodiversidad, uso de químicos, talas rasas que, en muchos casos, obligaron a la población rural a emigrar generando desocupación y pobreza. A fines de esa década el PNUD proporcionó las cifras del Índice de Desarrollo Humano (ingreso, salud, educación) para todas las comunas de Chile pudiéndose apreciar que aquellas con grandes superficies de plantaciones forestales tenían índices más bajos del país. Además, al instalarse en la Araucanía, las grandes empresas “echaron leña al fuego” al conflicto no resuelto por el Estado de Chile con Pueblo Mapuche. Unido a esto en el sector de plantaciones, el monopolio del poder de compra de madera en dos empresas, Arauco y CMPC, ha arruinado a la pequeña y mediana industria forestal. Estos factores muestran la existencia de un duro contraste entre el fuerte crecimiento del sector forestal en todos los parámetros macroeconómicos y el bajo crecimiento y pobreza en las economías locales. Los grandes incendios forestales de la última década han arrasado un pueblo, viviendas y cobrado vidas lo que está demostrando la gran vulnerabilidad del modelo actual de plantaciones hechas sin planificación ni ordenamiento territorial solo en función de crear una fuente de materia prima para la industria. El bosque nativo ha continuado en su proceso de disminución de superficie y degradación que ha sufrido a través de la historia, aunque a ritmo menor a partir del nuevo milenio, a pesar de la Ley del Bosque Nativo promulgada en 2008….
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