Desde el año 2018, agrupaciones de la zona de Las Cabras en la VI Región comenzaron a movilizarse porque en su territorio se estaba autorizando la tala indiscriminada del bosque nativo para habilitar cultivos de paltos (Reportaje: “Los cerros se pintan de verde mientras desaparece el agua y los ecosistemas nativos”). Por ello, la comunidad y Alejandra Sepúlveda, en ese entonces Diputada, emprendieron acciones que llevaron a la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados el año 2019. A través de esta comisión, se buscó investigar irregularidades en torno a los procedimientos de corta de bosques nativos para habilitar terrenos con fines agrícolas. La Comisión resolvió a favor de las reclamaciones ciudadanas, incluso sugiriendo cambios profundos a las instituciones y normas del sector forestal.
Luego, la Diputada Alejandra Sepúlveda junto a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), presentaron una solicitud a la Contraloría General de la República para que se pronunciara sobre la legalidad de estas autorizaciones. En marzo del año 2020, Contraloría emitió el dictamen 6.721 que declaró que es incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, como señala la Ley de Bosque Nativo (2008). Además, se solicitó a CONAF adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido. Esta medida fue acatada por CONAF en abril, instruyendo el término de ingreso de solicitudes para autorizar esas sustituciones.
Tras ello, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) interpuso un Recurso de Protección (N°33.748) en la Corte de Apelaciones de Santiago por “actos arbitrarios e ilegales” contra la propia Contraloría y contra CONAF por acatar el dictamen. En julio de 2020, se presentó un informe firmado por 76 científicos(as), indicando que el recurso de Protección de la SNA no tenía argumentos sólidos ni evidencia científica que lo respaldara. Es más, las acciones de cambios de uso de suelo tienen un efecto significativo y negativo sobre los ecosistemas nativos, el resguardo de la calidad de las aguas y el cuidado y mantención de los suelos. Comunidades, organizaciones de la sociedad civil y municipalidades decidieron hacerse parte del proceso para que la Corte de Apelaciones respaldara el Dictamen emitido por Contraloría.
El 12 de noviembre del año 2020 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la SNA, quienes interpusieron un nuevo recurso de apelación ante la Corte Suprema. Finalmente, dicho recurso fue rechazado de forma unánime por la Corte Suprema, lo que puso punto final a la eliminación de bosque nativo para que se convirtiera en cultivos agrícolas.
