Por Pablo Parra, Presidente AIFBN
Publicada en El Desconcierto
23 de septiembre de 2020
Chile es catalogado como un país privilegiado por la belleza escénica de sus paisajes y gran variedad de ambientes naturales. Estos alojan una alta biodiversidad, reflejada en diferentes especies de animales, plantas, hongos, líquenes, musgos y bacterias que conviven y se relacionan entre sí.
Para poder resguardar esta biodiversidad, Chile, tanto por iniciativa propia como por ratificación de acuerdos internacionales, se ha comprometido a conservarla a través de dos instituciones: CONAF y el Ministerio del Medioambiente (MMA).
En 1984, se establecieron legalmente por primera vez criterios para la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) que sería administrado por CONAF. Sin embargo, esto no pudo entrar en vigencia al no ser CONAF un organismo de carácter público, por lo que las áreas protegidas siguen sustentándose en cuerpos legales dispersos.
En el año 2010, Chile crea al MMA para formalizar su ingreso a la OCDE, y ser así el primer país sudamericano en ser miembro. Este nuevo ministerio se encargaría del diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, la regulación normativa y la creación de otras figuras de protección no consideradas en el SNASPE.
Actualmente se discute la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que pretende aunar todas las figuras y asumir la responsabilidad de aquellos ecosistemas que están amenazados y degradados fuera de las áreas protegidas.
Bajo la administración de CONAF, el número de áreas protegidas del Estado se ha incrementado en casi un 40%. Estas áreas se autofinancian en 52%, debido a que el aporte estatal para este fin es muy bajo, llegando sólo a casi un dólar por hectárea.
Sin duda que esto ha mermado mucho las posibilidades de mejorar aspectos relacionados a la gestión, sumado a un alto flujo de visitantes, control de especies exóticas, caza y corta ilegal de especies, contaminación, entre otros.
Todo esto ha sido comunicado por profesionales que han entregado su vida a la conservación durante años, pero no ha habido voluntad política para tomar cartas en el asunto, por lo menos hasta que a Chile le tocó tener la presidencia de la COP25, donde se aceleró a toda máquina la tramitación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado.
Del proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado se han hablado bastantes cosas que preocupan, como el financiamiento insuficiente que se le está otorgando para la cantidad de acciones que quiere realizar, las concesiones en áreas protegidas, la tercerización de funciones a otros servicios públicos, etc. Sin embargo, también preocupa la pertinencia de la discusión sin antes realizar cambios estructurales en la institucionalidad ambiental y la actual Constitución.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indica que actualmente hay 117 conflictos socioambientales, y en el 86% se vulneran los derechos de de vivir en un ambiente libre de contaminación; en el 45% de disfrutar de la salud física y mental; en el 44% el agua y en el 27% la participación y consulta indígena.
Si en este país no se garantizan derechos vinculados a la seguridad humana, ¿se podrá garantizar la protección la de los ecosistemas nativos? ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente y sus actuales servicios no han podido ser capaces de restringir proyectos y suprimir estas cifras? La respuesta está en su origen: es un ministerio que se creó para que Chile tuviera mayores posibilidades de establecer acuerdos económicos con otros países, mediante una mejor imagen país, y que se simplificara la aprobación de proyectos de inversión, mediante el dominio de criterios económicos por sobre ambientales.
Hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente registra 26.561 proyectos con un monto de inversión de 829.903,821 millones de dólares. En el informe desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, se indica que entre marzo y mayo se quintuplicó la inversión en proyectos que afectan a los territorios.
Todo esto mientras hay serios cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio en la evaluación de proyectos. De hecho, la Asociación de Funcionarios de Evaluación Ambiental manifestó su rechazo a la tramitación de proyectos que se estaban apresurando en contexto de pandemia, ya que generaría una baja participación efectiva de la ciudadanía y también posibles escenarios de conflictividad.
Muchos de estos proyectos aprobados son los que han acentuado la degradación y amenaza de los ecosistemas nativos. Si además de las áreas protegidas, también se entrega la tuición de estos ecosistemas al Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué asegura que realmente serán protegidos si tienen como prioridad la ejecución de proyectos en un contexto de reactivación económica en pandemia?
Hablemos con honestidad: la conservación de la belleza escénica de paisajes y ambientes naturales no podrá ser una realidad mientras no haya una reestructuración del Ministerio del Medio Ambiente, el que se adapta perfectamente a la actual Constitución de Chile.
Hemos esperado mucho por el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental; es algo que sufrimos permanentemente con eternos procesos legislativos, pero no por ello debemos apresurarnos y aceptar que la situación de nuestros ecosistemas nativos quede igual o peor que antes.
Es importante que vayamos desterrando la lógica de los cambios en la medida de lo posible cuando se requieren cambios en medida de la urgencia y la importancia, que es el cambio climático, por lo que no podemos seguir destruyendo y degradando ecosistemas nativos.
Si estamos próximos a un proceso de reactivación económica, avancemos con urgencia en la reforma de los mecanismos de evaluación dentro del Ministerio de Medio Ambiente, para luego seguir con la modificación de la Constitución, y así de una vez por todas tener una institucionalidad que realmente garantice la conservación en Chile y nos proteja de los impactos de los proyectos de inversión y los efectos del cambio climático.
Por Pablo Parra, Presidente AIFBN
Publicada en El Desconcierto
23 de septiembre de 2020
