Por Pablo Parra – Presidente AIFBN
Publicada el 17 de agosto de 2020 en El Mostrador
FOTO: tourparquenacionallauca.com
No cabe duda que son momentos difíciles para muchas familias, cómo no, si vivimos en Chile. Estamos siendo golpeados por el COVID-19 en uno de los países con los niveles de desigualdad más brutales del mundo. Esto se refleja en estudios que señalan en que el 33% de la riqueza del país está concentrada en el 1% más rico[1], que el 70% de las trabajadoras y los trabajadores recibe un sueldo inferior a 550 mil pesos y que las mujeres ganan en promedio 29,3% menos que los hombres[2]. Son, sin duda, cifras relevantes en el contexto pandemia, ya que el 33,5% del gasto en salud proviene directamente del bolsillo de las personas[3].
Esta violenta realidad es producto del modelo económico instaurado por la dictadura, y perpetuado por los gobiernos de la Concertación, realidad que constantemente empeora a través del permanente endeudamiento de las personas; algo similar a una esclavitud moderna.
Conociendo la realidad laboral y de endeudamiento en Chile, y ante la creciente cesantía producto del contexto de pandemia, el Gobierno ha estado diseñando estrategias que permitan enfrentar esta seria crisis económica que va en aumento, donde el medioambiente está tomando un papel protagonista, pero no el que la mayoría esperamos. Los conceptos de armonía, bienestar social y proyección a largo plazo son lo que menos está primando en la agenda de reactivación económica del Gobierno, pues solo se busca promover más inversión a costa de la explotación irracional del medioambiente y empobrecimiento de territorios.
Esto se ve reflejado en el informe desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), donde se indica que entre marzo y mayo se ha quintuplicado la inversión en proyectos que dañan la naturaleza y los territorios (proyectos energéticos, mineros, inmobiliarios, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, agropecuarios, entre otros)[4].
El organismo estatal que aprueba o rechaza este tipo de proyectos es el Ministerio del Medioambiente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este organismo ha sido duramente cuestionado por organizaciones ambientales, debido a que no cuenta con la independencia suficiente para evaluar debidamente los impactos que pueden generar ciertos proyectos en el territorio. Es más, estos últimos días se ha denunciado cómo Anglo American contó con la colaboración de una trabajadora a honorarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)[5]. Es decir, los objetivos que se plantean en esta cartera ministerial están lejos de garantizar la protección del medioambiente.
Actualmente, se discute un Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)[6], al que se le ha dado suma urgencia en este contexto de pandemia y reactivación económica. Este proyecto busca traspasar los Parques Nacionales, Reservas Forestales, Monumentos Naturales, bosques nativos y ecosistemas naturales considerados degradados, desde Conaf al Ministerio del Medio Ambiente, de manera de tener una sola entidad que vele por la herencia natural de Chile. Sin embargo, pasa inadvertido que el SBAP se somete por completo a las políticas del SEA.
En este proyecto, las concesiones destinadas a fines distintos a investigación científica, educación y turismo que recaigan en áreas protegidas, se regirán por “sus leyes respectivas”. Esto abre la puerta a las concesiones salmoneras sobre la base de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a los derechos de agua otorgados a privados en virtud del Código de Aguas o a la actividad minera regida por el Código de Minería. Todo esto sería permitido dentro de áreas protegidas.
En el SBAP, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) tiene un importante protagonismo, lo que simplemente aterroriza. A pesar de que el CMS busca proponer políticas para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, definir criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los ministerios y proponer la creación de nuevas áreas protegidas, entre otras cosas, dentro de este consejo están los ministros de Economía, Energía y Obras Públicas, quienes obviamente buscan velar por los intereses de sus carteras ministeriales.
En la creación de los Parques Nacionales Cerro Castillo y Pumalín en la Región de Aysén, este consejo exigió que se eliminara el carácter de área silvestre protegida de una amplia faja adyacente a la Carretera Austral que cruza ambos parques, con el fin de evitar que se exija a Vialidad medidas de mitigación ambiental, como pasos de fauna (corredores biológicos), reducciones de velocidad para evitar atropellos de animales nativos u otras obras de alto costo. También intervino en el proceso de creación del Parque Nacional Patagonia, para reducir los límites originalmente propuestos, con el fin de posibilitar la explotación minera en un territorio al que se esperaba dar protección oficial.
Es decir, el sumamente urgente SBAP acata lo que defina el CMS y se ajusta a las políticas del SEA, un servicio que ha resistido su modificación a pesar de todas las críticas que ha recibido. La razón es evidente, ya que su fortalecimiento implica mayores restricciones a proyectos de inversión en un país permisivo ambientalmente hablando, lo que por supuesto no se alinea con la estrategia de reactivación económica.
Hay que señalar que recientemente la Asociación de Funcionarios de Evaluación Ambiental (Anfusea) ha manifestado su rechazo a la tramitación de proyectos industriales, ya que actuar en tiempos de pandemia generaría una baja participación efectiva de la ciudadanía y también posibles escenarios de conflictividad[7], lo que seguiría acrecentando el desprestigio del SEA como servicio público y afectando la confianza que siempre es necesaria en las actividades con la ciudadanía.
En este sentido, es importante resaltar dos puntos en torno a lo que está sucediendo en el país.
1) Chile tiene que ser coherente con las políticas que propone teniendo la presidencia de la COP25, pues tiene que liderar las iniciativas para combatir el cambio climático. Es entendible que exista preocupación por el incremento de la pobreza en un país tremendamente desigual, pero eso no puede ser una excusa para permitir la depredación del medioambiente y vulneración de los derechos de las personas en los territorios. Por esta razón, no se puede estar discutiendo proyectos como el Servicio de Biodiversidad si ni siquiera hay voluntad política de tener un SEA fortalecido e independiente, ni tampoco para firmar el Acuerdo de Escazú, instrumento que busca acceso a la información, participación y justicia ambiental, y que la ministra del Medio Ambiente descartó por completo en la COP25[8].
2) El medioambiente es un tema que debe abordarse de manera urgente en la discusión constituyente. La destrucción del medioambiente ha generado empleos precarios en el corto plazo, pero mucha pobreza y desigualdad en el mediano y largo plazos, lo que es fatal en un país que cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática. Muchas personas queremos mejorar la condición del medioambiente en Chile, pero esta discusión se debe dar en los contextos adecuados y con los tiempos pertinentes.
Si Chile se enorgullece de pertenecer a la OCDE y tener la presidencia de la COP25, no se puede seguir permitiendo que se siga atentando contra la seguridad nacional (entendida como la seguridad humana y no desde el ámbito militar) mediante la explotación irracional del medioambiente, pues las decisiones que se tomen en el presente (y previo a un proceso constituyente) estarán comprometiendo la permanencia de los ecosistemas en el futuro y el bienestar de nuestra descendencia, la que ya tiene un futuro bastante complejo.
Publicada el 17 de agosto de 2020 en El Mostrador
